La corrupción de la clase política se convirtió en un hecho aceptado en la opinión pública. Después de que la democracia no resultó ser la panacea que el país esperaba y de que gobernantes de distintos partidos demostraron ser tanto o más corruptos que los priistas a los que se buscaba desalojar del poder, los votantes empezaron a tolerar ciertos niveles de corrupción a cambio de mejores resultados. Frases como “el PRI roba pero reparte”, o “son corruptos pero saben gobernar”, ilustran la justificación en la que muchos se basaron para apoyar el regreso del tricolor al poder en el 2012.
Sin embargo, durante las últimas dos décadas, los escándalos de corrupción de nuestros políticos no habían alcanzado niveles presidenciales, de manera tan pública y bien documentada, y con tal ausencia en rendición de cuentas como hoy en día. Esto, aunado a las demostraciones sistemáticas de incompetencia por parte de nuestro mandatario y su equipo, dan como resultado una imagen presidencial altamente cuestionada y carente de credibilidad. El Presidente no sólo ha sido señalado por actos de corrupción, sino que tampoco ha demostrado capacidad para gobernar.
Esta semana tres grandes agencias encuestadoras publican sus mediciones de aprobación presidencial, muy en consistencia con la última cifra publicada por el periódico Reforma en el mes de julio. Salvo la encuesta de Parametría – que coloca el apoyo a la gestión de Peña Nieto en 41% - Buendía y Laredo, y Consulta Mitofsky reportan 35% y 36% de aprobación, respectivamente. A pesar de sus pequeñas diferencias en el fraseo de las preguntas (como la inclusión de una categoría intermedia en el caso de Buendía y Laredo, o el uso de la palabra acuerdo en lugar de aprueba), todas estas encuestas nos relatan una historia muy importante.
En primer lugar, el Presidente no ha logrado levantar sus niveles de aprobación que registraron la primera caída más importante desde los sucesos en Iguala, seguidos por el escándalo de la casa blanca. En segundo lugar, todas nos señalan un aumento sistemático en la desaprobación o desacuerdo, en muchas ocasiones duplicando los niveles de aprobación o acuerdo. En tercer lugar, todas las series coinciden en que Enrique Peña Nieto alcanzó los niveles de aprobación históricamente más bajos en comparación con los últimos tres mandatarios. En cuarto lugar, la fuga de “El Chapo” parece haber fijado un techo para la aprobación presidencial por el momento. Finalmente, la temática de corrupción ha cobrado relevancia, por primera vez, durante la presente administración.
Aunado a lo anterior, estas encuestas nos hablan también de un panorama pesimista que reina en la opinión pública. Más del 60% de la población considera que el país va por mal camino. El 77% piensa que los problemas están rebasando al Presidente. Se detecta un escepticismo generalizado ante los supuestos beneficios que deben brindar las reformas estructurales. El 63% de la ciudadanía piensa que Peña Nieto ha hecho menos de lo que se esperaba. Según Parametría, el 53% de la población opina que su situación económica ha empeorado y únicamente el 19% dice que ha mejorado. El 39% considera que la economía del país empeorará. Consulta Mitofsky señala el incremento en la importancia en el tema de la corrupción, mientras que Reforma demuestra que el combate a la corrupción es el tema peor evaluado tanto por líderes como por ciudadanos, seguido por temas económicos y de seguridad. Por último, Consulta Mitofsky destaca un deterioro generalizado en la confianza en las instituciones.
En resumen, Enrique Peña Nieto enfrenta una crisis ante la opinión pública por los malos resultados de su gobierno y la corrupción a la que se le asocia, muy a pesar de que la Función Pública lo haya exonerado de cualquier conflicto de interés. Es decir, el Presidente tiene muy pocos elementos sobre los cuáles sostener su gobierno a los ojos de la ciudadanía. Ante este escenario habría que tomar nota de los sucesos recientes en Guatemala y las lecciones que podemos aprender de ellos. A continuación se mencionan algunos de los aspectos más relevantes del proceso que se ha vivido en aquel país.
Durante el primer año de gobierno del ahora ex presidente, Otto Pérez Molina, sus niveles de aprobación rondaban el 80%; en agosto de 2015 las encuestas posicionan su aprobación entre 8% y 12%. La popularidad del mandatario se vio inicialmente amenazada por dos factores: la crisis hospitalaria de 2013 y un incremento notorio en la inseguridad y la presencia del narcotráfico. Sin embargo, el golpe mortal a su apoyo se da tras los resultados de las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICG), que lo posicionan como líder en una red de corrupción a nivel nacional. Es decir, los malos resultados de su gobierno debilitaron su imagen, pero la afrenta real a su imagen provino de las acusaciones de corrupción en su contra y en contra de su equipo cercano.
A pesar de las virtudes de la CICG – organismo autónomo, creado en acuerdo con la ONU y encabezado por un extranjero – las verdaderas presiones para el desafuero y la renuncia de Pérez Molina provienen de los meses de protestas masivas. De hecho, la primera vez que el Congreso tiene que decidir sobre retirar inmunidad al Ejecutivo, no se alcanza el número de votos necesario a pesar de los resultados de las investigaciones. Es hasta que los congresistas enfrentan la presión de las elecciones en puerta que deciden retirar el fuero apoyados por el partidos de Pérez Molina.
Estos eventos no necesariamente van a limpiar a Guatemala de la corrupción endémica que ha caracterizado al país durante décadas. No obstante, sí sientan un precedente que fija límites muy claros a la corrupción que los ciudadanos están dispuestos a tolerar. De igual forma, resaltan la vulnerabilidad que enfrenta un mandatario cuando su gobierno no produce resultados y además se le acusa de estafar al pueblo. Guatemala también nos señala la importancia de las instituciones y los contrapesos que representan. Por último, los sucesos en aquel país nos recuerdan que no se deben subestimar las consecuencias de que la opinión pública le retire el apoyo y la confianza a sus gobernantes.
@lorena_becerra
