El Presidente del Legislativo destapa abuso de poder en la contratación de personal. Ahora, la presión de los ciudadanos guatemaltecos podría llevar a la aprobación de nuevas leyes que promuevan la transparencia.
Si bien la batalla contra la corrupción estuvo enfocada en el Ejecutivo el año pasado, ahora llega también al Congreso de la República. Con la decisión de revelar la nómina del Congreso durante 2015, la última semana Mario Taracena, el Presidente del Legislativo, destapó un secreto a voces; sólo que ahora los guatemaltecos lo tienen por escrito, porque la lista del personal del Congreso revela abusos en la contratación. De plazas fantasma y secretarias con salarios inmensos hasta tráfico de influencias y nepotismo, la lista se lee como un manual completo de prácticas corruptas. La CICIG investiga desde el 2015 a varios diputados por contrataciones anómalas durante la legislatura pasada.
En un ambiente tenso, la iniciativa de Taracena, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), anticipa las presiones crecientes de la ciudadanía contra el Congreso. Pero hay toda una estrategia política detrás de esto: “Dentro de la UNE, hay una iniciativa de tratar de demostrar que ellos como un partido organizado pueden hacer las cosas diferentes de un partido improvisado como es la Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), el partido del actual Presidente”, explica el columnista Gustavo Berganza.
Presión ciudadana El movimiento ciudadano #JusticiaYa asegura que su principal objetivo no ha cambiado ante la nueva situación en el Congreso. “Lo que queremos es que siga la lucha contra la corrupción y asegurar la independencia de los poderes en el Estado“, dice Gabriel Wer, uno de los miembros de #JusticiaYa. Sin embargo, admite que “con el Ejecutivo es más fácil, porque son rostros, son nombres, y rápidamente puede uno señalar y fiscalizar. En cambio con los demás poderes es más difícil, porque es más abstracto”.
La revelación de la nómina del Congreso ha puesto sobre la mesa la reforma inmediata a dos leyes: La Ley Orgánica del Congreso que busca limitar el poder de contratación de personal que tiene el Presidente del Congreso y la Ley de Servicio Civil que pretende estandarizar los criterios para la contratación de personal del Estado. Otro proceso ya en trámite es la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que ha sido una de las exigencias del movimiento ciudadano. “La reforma va encaminada a que los partidos políticos no sean el vehículo para que el crimen organizado penetre el Estado”, explica Manfredo Marroquín, director de la ONG Acción Ciudadana. “Hoy por hoy, es a través de las elecciones que las mafias logran llegar a los puestos políticos más importantes”.
La ley busca también fortalecer al Tribunal Supremo Electoral (TSE), algo muy necesario dado que además de 16 diputados ya electos a los que el TSE les prohibió asumir sus diputaciones por restricciones constitucionales como trámites de antejuicio, hay todavía varios diputados tachados sobre los que el TSE no se ha pronunciado.
El miércoles 27 de enero representantes del movimiento #JusticiaYajunto con otros colectivos se reunieron con el Presidente del Congreso para plantearle sus exigencias por escrito. Si no avanza, se convocará a una nueva manifestación –siempre pacífica– frente al Congreso. Sin embargo, Manfredo Marroquín teme que la situación en el país pueda empeorar si los políticos no entregan resultados rápidos. “Si la gente en unos seis meses percibe que las cosas no cambian y que la corrupción continúa, creo que va a salir tal vez ya no tan pacífica, porque hay mucha desesperación”.
