A partir del 1 de julio, al menos 52 mil militares, marinos y policías federales con uniforme nuevo y un brazalete con las siglas “GN” serán desplegados oficialmente como guardias nacionales hacia las primeras 150 coordinaciones regionales en las que el gobierno federal dividió el país. Pero, antes de su salida oficial, la misión original por la que fue creado este grupo policial-civil cambió de combatir delitos y garantizar la seguridad pública a la de atender decisiones políticas y fungir, por ejemplo, como patrulleros fronterizos.
Si bien es cierto que, entre las facultades legales de la Guardia Nacional se incluye el revisar la estancia legal de los extranjeros en el país y de no hacer deben detenerlos y presentarlos ante el Instituto Nacional de Migración, la atención que ha puesto este nuevo grupo —conformado por miembros del Ejército, la Marina y la Policía Federal como “elementos prestados” a la Guardia Nacional— a dos situaciones para las que fueron encomendados por órdenes de la Presidencia de la República, desorienta los esfuerzos de estos uniformados de su función principal: proteger a la población contra la delincuencia. Esto refleja la continuidad a una estrategia de seguridad que, por lo menos en los últimos 12 años, ha sido más reactiva y disuasiva, coincidieron especialistas consultados por ejecentral.
“Se vino el tema de la gasolina como una de las principales demandas del presidente para atacar la corrupción, y bueno, se descuidó al Ejército, la Marina y se concentraron en hacer ese trabajo, incluso se sacrificaron operativos militares contra el narcotráfico en algunas partes del país, porque se usaron todos los helicópteros que tenían las Fuerzas Armadas para vigilar los ductos; y ahora es la vigilancia a los migrantes tanto en el norte como en el sur del país”, asegura Raúl Benítez Manaut, profesor-investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Entonces, los migrantes y el huachicol “no son amenazas a la población o un problema que genere inseguridad pública, (...) que son las misiones para las que fue anunciada la Guardia Nacional no para lo que se dice ni para lo que la ley que la crea debe ser usada, sino están siendo utilizadas para tareas emergentes por decisión del presidente, lo cual ha implicado el repunte de los delitos en varias partes del país, apuntó el expresidente de la organización no gubernamental Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia.
Sobre el despliegue que este domingo tendrá lugar en una ceremonia desde el Campo Marte, como anunció el presidente López Obrador, el académico señaló que la GN “todavía no tiene personalidad propia ni nada pues todavía no está constituida como tal y no tiene todavía egresados de alguna escuela ni nada, es simplemente gente comisionada, prestada”; en ese sentido aclaró que una de las confusiones que ha habido entorno es que la policía naval no existe, y el titular del Ejecutivo ha confundido al referirse a los integrantes de Infantería, quienes de la Marina son los que más actúan en tierra.
Más de lo mismo
Un despliegue precipitado no significa la garantía de resultados favorables para la seguridad del país. Desde la óptica de Javier Oliva Posada, docente-investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, hay cuatro aspectos que el Estado mexicano debe implementar y garantizar para que la puesta en marcha de los guardias nacionales sea efectivamente para abatir la violencia y disminuir el índice delictivo, y no caer en las mismas políticas donde se focaliza la atención en emergencias, es decir, “asumen actitudes más reactivas que políticas preventivas”.
Entre las medidas requeridas, refirió Oliva Posada, están el crecer y fortalecer a las policías municipales y estatales; un ajuste de fondo a los sistemas penitenciarios locales, el robustecimiento del sistema penal acusatorio en materia de capacitación en los nuevos lineamientos; así como la puesta en marcha de los programas de prevención. “Si esos cuatro aspectos no se instrumentan, desde mi punto de vista, la pura salida de la Guardia no va a ser suficiente”, advirtió tras señalar que no reforzar esos pendientes se estaría replicando la misma estrategia de los últimos sexenios.
“Las expectativas que están depositando solo en esta respuesta disuasiva, requiere de medidas correctivas como lo es la correcta aplicación de la ley, y qué tan fortalecidas están las policías municipales porque la Guardia Nacional no va a cubrir todos los municipios ni las zonas más complicadas, entonces este despliegue responde más a criterios político-sociales. Se trataría de dejar esas posturas reactivas como vimos con el robo de combustible y ahora la crisis migratoria, coincidió el académico.
ES DE INTERÉS
Riesgos latentes
Al menos un año implicaría que los efectivos de las Fuerzas Armadas puedan adquirir la capacitación básica de las tareas de proximidad y seguridad pública en las cuales han sido encomendados como integrantes de la Guardia Nacional. Además de que la cohesión entre las instituciones civiles con las castrenses tampoco es garantía de éxito, pues a consideración de Rubén Salazar Vázquez, director de la consultora Etellekt, existe una confrontación histórica entre las policías y las Fuerzas Armadas debido a la desconfianza y falta de profesionalización que hacen aún más complejo el proceso.
“Militares y marinos no están capacitados para funciones policiales sino para hacer la guerra, estar capacitado para hacer una detención no significa abatir un enemigo y hacer detenciones en su ámbito pues es tener prisioneros de guerra. Históricamente, los militares están confrontados con las policías porque los acusan de que cuando hacían detenciones y las ponían a disposición de un policía, estos por corrupción los dejaban libres”, ocasionando muchos casos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, aseguró.
Dicha situación, señaló el especialista, al Ejército le generó mucha presión porque son costos que no están dispuestos a seguir asumiendo. En ese sentido, dijo que la Guardia Nacional no viene a resolverlo porque la capacitación es tardada, lenta, “requieres por lo menos un proceso de un año, y con los nuevos lineamientos del tema de sistema de justicia penal es una capacitación extra, donde ya de entrada las policías locales están muy rezadas en su cumplimiento.
›De acuerdo con el consultor en el análisis de seguridad y crimen organizado, la capacitación de la Guardia Nacional en esta materia es lenta y para abarcar el adiestramiento extra en cuanto a los temas del sistema de justicia penal hay un rezago por parte de las policías locales.
El riesgo de que mandos y elementos operativos se corrompan con un mando civil-político es otro de los riesgos que el experto considera que ni el presidente López Obrador ni el secretario de seguridad, Alfonso Durazo han dimensionado del todo con la puesta en marcha de un grupo policial con mando mixto, pues casos como la conformación de la Policía Federal hasta el origen de organizaciones criminales como Los Zetas son ejemplo de ello.
“Hablamos de militares con toda una carrera en el Ejército o la Marina, cuando a las policías se les da un mando militar que no está sujeto a un perfil policial se mandan solos, se corrompen, terminan renunciando. No se logra trasladar el gran anhelo de todos los expertos de la disciplina militar a una de un cuerpo policial, porque el mando policial siendo militar tiene uno civil que, en este caso, es un político, ya sea el secretario Durazo o el propio López Obrador”, dijo el experto de Etellekt.
Salazar Vázquez recordó que eso ya ocurrió, pues “en el pasado tuvimos la migración de Policía Federal cuyos orígenes se conforman de una Brigada Militar de élite; organizaciones delictivas también se conforman por grupos de élite del Ejército; entre ellos, por ejemplo, los Zetas”. En la policía no se logra aplicar esa disciplina con un mando político, por lo consideró “es un gran error del Presidente crear este cuerpo con este tipo de mandos, y lo hace por la presión de organizaciones de la sociedad civil”.
El propio Andrés Manuel, recordó el consultor, muestra al inicio de su administración una enorme desconfianza hacia las policías porque al final tienen un mando político. “Precisamente el gran reto para el país es garantizar que tus policías no actúen con fines políticos o que no estén vinculadas a los gobernadores, a los presidentes municipales, para eso se requieren instituciones policiales cuyos mandos trabajen por los intereses de los ciudadanos”.
¿Cómo resolver que esta nueva corporación no incurra en esos abusos?
En los últimos 12 años hemos mantenido las labores de una policía reactiva que se ha enfocado a la confrontación con el narcotráfico; más de 400 policías asesinados, muertos de un lado, muertos del otro. Mientras el gobierno no asuma ya una función no sólo de seguridad pública sino con un enfoque de seguridad nacional, lo cual implica una coordinación más amplia, una política democrática, y no una centralista o más bien egocentrista donde no se tiene el control y sólo es de ‘mis datos son mis datos’. La gente no cambia con becas, esa es una idea muy errada.
