Gualberto Ramírez, exfuncionario de SEIDO, a prisión preventiva por caso Ayotzinapa
En una audiencia celebrada este lunes, un juez federal impuso prisión preventiva justificada a Gualberto Ramírez Gutiérrez, exfuncionario de la Unidad Antisecuestros de la SEIDO
En una audiencia celebrada este lunes, un juez federal impuso prisión preventiva justificada a Gualberto Ramírez Gutiérrez, exfuncionario de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), por su presunta implicación en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La defensa del exfuncionario de la SEIDO solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas para que se resuelva su situación jurídica.
Ramírez Gutiérrez enfrenta acusaciones por los delitos de desaparición forzada, tortura, colusión de servidores públicos e intervención de comunicaciones privadas, según las autoridades federales.
Las autoridades mexicanas llevaron a cabo la detención de Gualberto Ramírez Gutiérrez, quien anteriormente ocupaba el cargo de titular de la Unidad Antisecuestros de la SEIDO y se encontraba involucrado en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno mexicano, informó sobre la detención.
Destacó su participación durante la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Relación en el caso Ayotzinapa
Ramírez Gutiérrez renunció a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de Secuestro de la SEIDO en julio de 2019.
Durante su tiempo como responsable de esta unidad, estuvo involucrado en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, así como en diversas averiguaciones relacionadas con la delincuencia organizada.
La versión oficial de la investigación llevada a cabo por el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), en la que participó el exfuncionario, afirmaba que los estudiantes habían sido detenidos por policías del municipio de Iguala, en el estado sureño de Guerrero, y posteriormente entregados a criminales que los asesinaron y quemaron en un vertedero de basura.
Sin embargo, un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisó el caso y desestimó esta versión oficial; además de denunciar el uso de tortura en las investigaciones relacionadas con este caso.
El proceso legal de Ramírez Gutiérrez continúa; y se espera que se resuelva su situación jurídica en el transcurso de las próximas horas, conforme a los plazos establecidos por la ley.
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