Los retos en materia de seguridad pública para 10 de los 15 gobernantes electos advierten un panorama adverso para el arranque de sus administraciones.
Con el corte estadístico de la incidencia delictiva al primer semestre del año se anticipa que varias de las entidades que estrenarán gobernador o gobernadora están en los primeros lugares en la incidencia de delitos de alto impacto, como son de homicidio doloso, feminicidio, secuestro y extorsión, entre otros.
Muestra de esta herencia crítica por los altos índices de criminalidad con los que los eventuales gobernantes asumirán funciones recae en el hecho de que 26 de los 50 municipios más violentos del país, considerados así por su alto número de asesinatos, se encuentran en estas entidades, entre las cuales destacan los casos de Michoacán, Zacatecas, Colima, Baja California y Baja California Sur, todos ellos ganados por Morena; aunque también destacan los estados que serán gobernados por partidos de oposición como son Chihuahua (PAN-PRD), Querétaro (PAN) y Nuevo León (MC).
Según dato del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), con base en las cifras oficiales de incidencia delictiva, Zacatecas, Baja California, Chihuahua, Colima y Sonora encabezan hasta junio pasado el top 5 con más víctimas de homicidio doloso en comparación con el primer semestre de 2020.
En cuanto a la incidencia de feminicidios, otro de los delitos que no han podido disminuir, Sinaloa, Sonora y Colima, entidades donde ganaron candidatos morenistas, se ubican en los lugares tres, cuatro y cinco, superados por Morelos y Quintana Roo que están en la primera y segunda posición respectivamente.
Otros ejemplos de que las tendencias en seguridad no son favorables con el cambio de estafeta son el caso de que Colima lidera la incidencia de secuestros; al igual que Zacatecas en el caso de los casos de extorsión a nivel nacional; mientras que Nuevo León se ubica en la primera posición de víctimas de trata de personas. Querétaro asumirá el nuevo gobierno como la segunda entidad con más lesiones intencionales; en tanto, Chihuahua se mantiene a la cabeza en la incidencia de robos a casa habitación.
Respecto a la crítica de organizaciones civiles como el ONC que han señalado que la estrategia del gobierno federal en cuanto a sus intenciones de disminuir la ola de violencia y la alta criminalidad a través de programas sociales, el mismo organismo apunta que hasta el momento se ha identificado que los candidatos electos pertenecientes al mismo partido del presidente “comparten su discurso y su aproximación al problema de seguridad, por lo que advierten que “se carecen de propuestas concretas en materia de seguridad, prevención social del delito y la violencia, tráfico de armas, procuración e impartición de justicia, entre otros”.
