Tras las elecciones del pasado 6 junio, las fuerzas políticas tienen la oportunidad de implementar un modelo anticorrupción, que genere transparencia e inclusión ciudadana a partir de la profesionalización de las y los servidores públicos.
Así lo declaró Jorge Martínez Ocampo, especialista en delito penal y en compliance gubernamental, al asegurar que el nuevo orden de ejercicio público emanado de los comicios recientes, tiene una suerte de oportunidad para mejorar en materia de transparencia, inclusión y participación ciudadana y así fortalecer el Estado de Derecho a nivel local y federal.
Durante su participación en el seminario “Compliance para gobiernos locales. ABC para nuevas administraciones públicas”, subrayó que con el objetivo de consolidar una cultura de responsabilidad y buen gobierno entre los funcionarios, es necesaria la creación de la figura del oficial de cumplimiento normativo, cuya labor al interior de la administración municipal, se debe centrar en el aseguramiento del cumplimiento de la norma en cada área administrativa.
“El Oficial de cumplimiento debería ser un penalista, sin embargo, es algo que apenas se está tratando de implementar, pero debe ser una persona ajena al municipio”, dijo Jorge Martínez.
De acuerdo con la organización Transparencia Internacional, que posicionó a México a comienzos del año en el lugar 124 de 180 naciones en el ranking del Índice de Percepción de la Corrupción, a pesar de que nuestro país tiene una tendencia positiva, continúa siendo preocupante el nivel de corrupción que permea principalmente entre los servidores públicos.
Ante esto, la organización sugirió fortalecer las instituciones del sistema anticorrupción como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Para ello, Jorge Martínez señaló que el compliance gubernamental es una gran opción para transparentar los procesos de la administración pública y hacer que se cumplan a cabalidad las normativas correspondientes.
El compliance ―dijo— es un sistema de normas que se generan dentro de un municipio con la finalidad de fortalecer las buenas prácticas y un sistema de anticorrupción.
“El principal objetivo es reducir el margen de omisiones. Esto implica mayor transparencia de algún municipio o alcaldía y genera mayor confianza; así se proyecta una mayor participación ciudadana”, explicó Jorge Martínez Ocampo.
