Gobierno recrimina liberaciones en el caso Ayotzinapa
La postura oficial del Estado es que el Poder Judicial se vale de “pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia”
El Gobierno de México se pronunció en contra de la resolución de la jueza segundo de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, para que los ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa llevaran su proceso en libertad.
Se sumó el Gobierno Federal a la postura de la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de los magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, que ordenaran que ocho militares llevaran su proceso en libertad.
Mediante un mensaje a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), el Gobierno de México señaló al Poder Judicial de valerse de “pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia”.
No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso.
Rechaza el Gobierno Federal esta acción del Poder Judicial de la Federación:
Una vez más el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia. Encubiertos en tecnicismos, no ponderan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición. No puede pasar desapercibido que fue el mismo Poder Judicial el que liberó a 62 implicados en los hechos al argumentar que habían sido torturados”, indicó.
⭕#GobernaciónInforma | Postura del @GobiernoMX respecto a la decisión del Poder Judicial de modificar las medidas cautelares y dejar en libertad a ocho militares vinculados al caso #Ayotzinapa.
• Refrenda gobierno federal su compromiso con la legalidad y, lo más importante,… pic.twitter.com/7nIHJnz2gL
— Gobernación (@SEGOB_mx) January 23, 2024
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En el mismo documento expuesto en todas las redes oficiales del Gobierno Federal, se señala que también intentaron dejar en libertad al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, a través del cambio de sus medidas cautelares; “lo cual se impidió gracias al trabajo coordinado entre la fiscalía y otras dependencias del Gobierno de México”.
Ahora, sin ningún fundamento legal, ellos mismos ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado en el caso Ayotzinapa con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército y, de esta manera, seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano y perjudicar el compromiso del presidente de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos. Todo ello, por razones estrictamente políticas”, señaló el Gobierno de México.
El daño que se ha hecho es inconmensurable. Con estas decisiones el Poder Judicial mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia”, expresó.
Finalmente se menciona que, para el Gobierno de México, el Caso Ayotzinapa es un asunto de Estado:
Vamos a pedir a la fiscalía solicite la revisión de las medidas cautelares tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la misma jueza a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto del año pasado, pero que el mismo tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos”.
AM3
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