En su primer año, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno se dedicó a detener contratos que identificó como amañados o leoninos, por el daño que provocaban a la administración pública. Ahora, a casi cuatro años de su gestión, la administración lopezobradorista ha contratado 286 empresas que representan un riesgo de corrupción por haber sido creadas apenas uno o dos años atrás, no tener todos sus documentos en regla o hasta fueron sancionadas por algún nivel de gobierno.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), en la actualización de su Índice de Riegos de Corrupción (IRC), identificó que, en comparación a 2020, el 29% de las instituciones federales aumentaron su puntaje en las compras públicas. Y es que son 9 mil millones de pesos los que se pagaron a estos proveedores riesgosos. Es decir, todo el presupuesto del Conacyt.
“Aunque el gobierno federal ha declarado la lucha anticorrupción como una de sus principales banderas, las acciones y resultados para atender un fenómeno complejo han sido insuficientes”, señala el documento.
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Al revisar los datos de forma más detallada, ejecentral revisó las 20 empresas de reciente creación (entre 2020 o 2021) que recibieron los mayores montos por contratos. La revisión ofreció que aparecen con domicilios residenciales, páginas web recientes y elaboradas al vapor, o nombres de los socios, representantes legales o administradores, sancionados o relacionados aparentemente a funcionarios locales o familiares del expresidente Enrique Peña Nieto.
Los números arrojan que esas jóvenes compañías lograron, de la nada, facturar con el gobierno federal, de entre medio millón hasta 2 millones de pesos mensuales.
Primeras revelaciones
Con presuntos vínculos con expresidentes y legisladores, empresas de reciente creación y sin experiencia comprobada, recibieron contratos millonarios por parte de la administración a cargo del presidente López Obrador.
Por ejemplo, a dos meses de su creación, el 26 de enero de 2021, Corporativo Enso Especialistas, a cargo de María Elena Caudillo Rico, firmó un contrato con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), entonces dirigida por la comisionada Martha Yuriria Rodríguez Estrada, en conjunto con las empresas El Mundo Es Tuyo, representada por Marco Antonio Cárdenas López; y Servicios Empresariales Alquicira, de Octavio Rubén Peña Bressant, quien se presume es pariente de Peña Nieto, según el columnista económico, Mario Maldonado.
El contrato asciende a 38 millones de pesos, “para la prestación del servicio integral de apoyo gerencial, técnico y administrativo”, otorgado a una empresa con domicilio en un edificio de departamentos en Hipódromo Condesa, en cuyo exterior no se observa ningún anuncio de referencia.
El 4 de diciembre de 2020, Hugo César Andrade Alcántara, administrador único de Malimp Servicios de México; y Francisco Javier Rodríguez García, apoderado de Soluciones Famro, suscribieron un contrato con la delegación del INEGI en Aguascalientes por 27 millones de pesos, uno de los contratos con el monto más alto para una empresa de reciente creación.
Rodríguez García podría ser el homónimo del actualmente diputado por Acción Nacional en el Congreso de Colima, quien antes se desempeñó como delegado electoral del PRD en Aguascalientes en 2004.
La empresa del hermano de Fernando Arana Watty, quien funge como presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Xalapa, en Veracruz, recibió un contrato por 25 millones de pesos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a menos de un año de su creación. Se trata de Sanext Sanitizing Technology, cuyos socios son: Ernesto Arana Watty y Eduardo Valdes Watty.
Pharmaceutica Marlex, una empresa recién creada en el municipio jalisciense de Zapopan se convirtió en uno de los proveedores favoritos del gobierno federal al adjudicarse 134 contratos por un monto superior a los 7 mil millones de pesos en tan solo un año, una cifra que los coloca como el sexto mayor contratista general del país, y los primeros dentro de una lista de compañías con alto riesgo de corrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
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La empresa es parte de una red de compañías que no solo comparten el nombre o el domicilio fiscal, también tiene accionistas en común, como las hermanas Laura Adriana y Karla Andrea Escamilla, quienes ocupan diferentes posiciones en los consejos administrativos de estas industrias que se enfocan principalmente en la venta y distribución de material médico.
Marlex también tiene como accionista a Gabriel Escamilla Zentenos, empresario que fue sancionado durante tres años por la Secretaría de la Función Pública de Nuevo León tras participar en una licitación nacional con una empresa suspendida por reportes de desabasto en medicamentos especializados.
El contrato más importante de esta empresa, que nació el 7 de julio de 2020, fue para surtir diversos medicamentos especializados a clínicas del IMSS localizadas en Sinaloa, por un monto de 7 mil 617 millones de pesos, una cantidad que representa el 77% de todo el dinero que se invirtió en empresas de alto riesgo.
Algunos de los medicamentos que fueron incluidos en el contrato AA-050GYR029-E56-2021 son altamente especializados como el trastuzumab, enalapril, clortalidona, tobramicina y fenobarbital, por lo que conseguirlos durante la pandemia causó precios con sobrecostos de hasta 500% por arriba de su precio original.
Otra de las empresas que tuvo ganancias millonarias a pesar de ser considerada como un proveedor de riesgo por su reciente creación fue Constructora Puente Manantial, una compañía que fue creada de manera exprés dos días antes de que se firmará el contrato para desarrollar una parte del trayecto del tren México-Toluca.
Así, empresas medianas constructoras, comercializadoras de medicamentos y empresas de limpieza tienen dos cosas en común, no alcanzan más de dos años de haberse constituido en diferentes entidades del país, y a pesar de su corta experiencia en sus rubros, recibieron contratos de entidades federales que suman de entre 10 y 15 millones de pesos. En algunos casos, los propietarios, administradores o representantes de las compañías podrían tener relación con funcionarios locales, como Peca Médica SA de CV o Cleanium S de RL de CV.
Peca Médica se conformó en octubre de 2020 en Veracruz, y sus dos únicos socios son Alejandro Pérez Carmona y Alec Junior Pérez Sánchez. De acuerdo al IMCO, ha acumulado desde su conformación 10 millones 881 mil pesos, en contratos otorgados por el Instituto de Salud para el Bienestar. Es decir, medio millón por mes, en promedio.
Urbasfalto, creada en Oaxaca hace dos años, dedicada a la construcción, tiene varios contratos de Fonatur, por casi 13 millones de pesos. Glomedic Star tiene su sede en Zapopan, Jalisco, y al dedicarse a comercializar productos farmacéuticos al por mayor, y por ello ha obtenido del IMSS casi 13 millones de pesos, a pesar de su corta experiencia que no alcanza ni los dos años.
Cleanium, dedicada a la limpieza, ha sido relacionada con contratos a modo ya en el pasado, y fue constituida en Cuernavaca, Morelos, en 2020, y los convenios, todos, llegaron en 2021.
Infraestructura Vial del Norte SA de CV, se constituyó en Chihuahua en noviembre de 2020, y sus dos únicos socios son Edgar Iván Estrada Cárdenas y Antonio Silva Vega. Acumulan más de 15 millones de pesos; lo que significa que está facturando desde su creación, en promedio, casi 800 mil pesos mensuales, gracias a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que encabeza Jorge Arganis.
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