A partir del 19 de septiembre, el Gobierno federal incrementará las medidas de austeridad en toda la administración pública, limitando al mínimo la contratación de telefonía celular, fotocopias, compra de vehículos nuevos, contratación de personal, viajes, viáticos y incluso parecería que toda compra de bienes o servicios se hará como lo mandata el Artículo 134 constitucional de maximizar el gasto público, a través de licitaciones públicas. Sin embargo, los nuevos lineamientos de ahorros tienen sus excepciones.
Hoy, las secretarías de Función Pública (SFP), a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, y la de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por Arturo Herrera Gutiérrez, publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los “Lineamientos en materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal”, los cuales entrarán en operación mañana.
A menos de un año del decreto puso en marcha la Ley Federal de Austeridad Republicana, los lineamientos, señala la publicación, es para que los recursos públicos federales se usen con “apego a los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”
Además, puntualiza, en la línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 de “Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad”, y así “terminar con la asignación abusiva de oficinas, vehículos, mobiliario, equipos de comunicación, viáticos, entre otras medidas, con la finalidad de reorientar los presupuestos dispersos a los programas significativos y de alto impacto social y económico”.
El documento señala que materia de gasto en telefonía fija, telefonía celular, servicios de comunicación e internet, fotocopiado, combustibles, arrendamientos, energía eléctrica, viáticos, alimentación, remodelación de oficinas, papelería y útiles de oficina, consumibles del equipo de cómputo, pasajes, congresos, convenciones, exposiciones y seminarios, los montos erogados no podrán exceder lo gasta del año anterior, considerando la actualización con la inflación del periodo.
Aunque, indica que “lo anterior con excepción de las autorizaciones presupuestarias que otorgue la Secretaría de Hacienda, por conducto de la Subsecretaría de Egresos”.
En materia de contratación de bienes y servicios, dice, se deberán “buscando la máxima economía y eficiencia, observando los principios de austeridad, ejerciendo estrictamente los recursos públicos conforme a las disposiciones legales aplicables” y se “adjudicarán, por regla general y de manera prioritaria, a través de licitaciones públicas, de conformidad con lo establecido en las leyes de la materia”.
Sin embargo, los lineamientos también advierten que habrá “excepciones a esta regla deberán estar plenamente justificadas de conformidad con las disposiciones aplicables”.
Por ejemplo, un reporte de la OCDE señala que en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en un año, las compras públicas representaron el 5.2% del PIB y el 21.2% del gasto gubernamental.
Datos de CompraNet, la herramienta de la SHCP para las compras de gobierno, señala que de los más de 89,650 contratos a la primera quincena de agosto que significaron el compromiso de pago de 289,194 millones de pesos, sólo el 48.8% se realizó a través de licitaciones públicas. El 32.6% se hizo a través de adjudicaciones directas y el resto en otras formas.
Así, señalan los lineamientos, la compra de insumos y suministros relacionados con papelería, útiles de oficina, fotocopiado, consumibles del equipo de cómputo, utensilios en general, así como mobiliario y equipo de oficina, requeridos para “deberán reducirse al mínimo indispensable”.
Se prohíbe la compra o arrendamiento de vehículos para el transporte y traslado de servidores públicos cuyo valor comercial supere los 377,320 pesos.
Aunque señalan que el fotocopiado deberá restringirse exclusivamente a asuntos de carácter oficial, utilizando en sustitución correos electrónicos, dispositivos de almacenamiento electrónico, digitalización en discos y todo tipo de medios electrónicos que apoyen la reducción del gasto en este rubro. Además, donde haya el servicio de fotocopiado se hará centros de “apoyo colectivo evitando en lo posible el uso de copiadoras por oficina”.
El servicio de telefonía móvil “será autorizado únicamente para personal de las fuerzas armadas, la Guardia Nacional, seguridad nacional y seguridad pública, cuando sea indispensable para el desempeño de sus funciones.
En energía eléctrica, todas las dependencias deberán presentar un “plan para la reducción de los gastos”, esto será en los primeros 10 días del inicio de año.
La contratación de personal en nómina está prácticamente cancelada. El personal por horarios deberá estar plenamente justificado, y como en varios puntos, habrá excepciones. Por ejemplo, en personal de honorarios, la SHCP exenta a los programas relacionados a protección civil, salud y seguridad pública y nacional. Las contrataciones de servicios profesionales, científicos, técnicos, dicha solicitud de dictamen no será requerida para el caso de las instituciones educativas, de salud e investigación científica y tecnológica.
En vuelos aéreos, señala, no deberán comprarse 24 horas antes o después del motivo del viaje, salvo la “imposibilidades en razón de la saturación o disponibilidad del transporte, misma que deberá estar suficientemente documentada, así como en caso fortuito o de fuerza mayor”.
Un punto que resalta es que todo tipo de adquisición deberá ser aprobado por la SHCP, lo cual podría generar demoras en las adquisiciones, esto ante el recorte de personal. Tan sólo el mes pasado se eliminaron subsecretarías de Estado y se preparan más cancelaciones.
La Secretaría de Hacienda y la Secretaría deberán publicar los Indicadores de Desempeño de la Política de Austeridad Republicana, a más tardar dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de los Lineamientos. Por ejemplo, el reporte del tercer trimestre se tendrá en los últimos días del año.
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