El Estado mexicano deberá indemnizar a los ahorradores defraudados por la sociedad financiera popular Ficrea, si estos prueban la pérdida de sus recursos, debido a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tuvo una “actividad administrativa irregular” en el caso, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los ministros ordenaron que el caso regrese al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que se determine el monto de la indemnización que alcanzan los dos quejosos, luego de que el Estado incurrió en responsabilidad patrimonial.
La Segunda Sala de la Suprema Corte desechó este miércoles el último recurso de revisión de la CNBV para impugnar un amparo concedido por el XII Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que declaró a la autoridad supervisora responsable de incurrir en “actividad administrativa irregular” en el caso Ficrea.
El XII Tribunal recordó que la Ley de Ahorro y Crédito Popular establece que cuando a juicio de la CNBV existan irregularidades en las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) y se determine que están en riesgo los intereses de los ahorradores la Comisión deberá actuar de inmediato declarando la intervención gerencial.
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