El gobernador de Florida, Ron DeSantis, pidió este martes a los congresistas del estado que voten esta semana para eliminar un estatuto que permite al gigante del entretenimiento Disney actuar como un gobierno local en la zona donde instaló su parque de atracciones, en Orlando.
El anuncio es el último episodio de una disputa entre la administración de DeSantis y Disney, después de que la compañía estadounidense criticara la aprobación en marzo de una ley que prohíbe enseñar asuntos relacionados con la orientación sexual en escuelas del estado.
El gobernador republicano reclamó al Congreso estatal que aborde la eliminación del estatuto especial durante una sesión parlamentaria convocada para redefinir el mapa electoral.
“Sí, van a abordar el mapa del Congreso, pero también van a abordar la eliminación de todos los distritos especiales que se promulgaron en Florida antes de 1968,
y eso incluye el Reedy Creek Improvement District”, declaró DeSantis durante una rueda de prensa.
El Reedy Creek Improvement District fue una zona creada en 1967 por el Congreso de Florida para facilitar la construcción del parque Walt Disney World en la zona de Orlando.
Mide unos 100 km2 e incluye dos ciudades y terrenos en los condados de Orange y Osceola, en el centro de Florida.
En virtud de aquel acuerdo, Disney dirige ese distrito como si fuera un gobierno local, cobrando impuestos y garantizando servicios públicos esenciales como la recogida de basura, el tratamiento de las aguas, etc.
La disputa entre DeSantis y la compañía empezó tras la firma de la polémica ley educativa, que sus detractores apodaron “No digas gay”.
El consejero delegado de Disney, Bob Chapek, criticó duramente esa ley y anunció una suspensión de las donaciones a políticos en Florida, una decisión tomada a raíz de las fuertes críticas que recibió la empresa por no posicionarse públicamente contra el texto legislativo.
“La ley HB 1557 de Florida, también conocida como la ley ‘No digas gay’, nunca debería haber sido aprobada”, declaró Chapek después de que DeSantis firmara el texto.
Esas declaraciones irritaron al gobernador, que tachó de “deshonesta” la actitud de Disney y anunció a finales de marzo que su administración podría retirar los privilegios especiales de la compañía.
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