Al dar a conocer su IV informe sobre la situación “actual” del caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señaló al fiscal general Alejandro Gertz Manero de haber “roto” los compromisos y lineamientos con los que se creó la Unidad Especial de Investigación y Litigación de la FGR para el caso Ayotzinapa.
En una conferencia de prensa desde el salón “Digna Ochoa” de la Comisión de Derechos Humanos capitalina que se prolongó por casi tres horas, los integrantes del GIEI señalaron los “obstáculos iniciales” al interior de la FGR que propiciaron la “ruptura” con la unidad que por tres años encabezó Omar Gómez Trejo, quien antes fungió como su secretario ejecutivo.
“El hecho más grave” de dicha ruptura, refirió el abogado Francisco Cox, integrante del GIEI, fue la cancelación de 21 de las 83 órdenes de detención de sospechosos, incluyendo a militares, que había solicitado la unidad especial, de las que el grupo de expertos sostuvo que desconocen los fundamentos de su cancelación.
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Dichas cancelaciones, explicó Cox, se hicieron “sin conocimiento ni consentimiento” de la unidad especial a la que dimitió la semana pasada Omar Gómez, al asegurar que fueron ministerios públicos adscritos al juzgado, “ajenos” a la investigación del caso quienes solicitaron las cancelaciones de esas órdenes de aprehensión.
Respaldaron el reciente informe de la comisión presidencial que encabeza el subsecretario Alejandro Encinas, —quien estuvo presente en la conferencia a lado de los familiares de los normalistas—, e incluso Carlos Beristain reiteró que se cuentan con las pruebas suficientes para asegurar que el caso Ayotzinapa se trató de “un crimen de estado”, como ha insistido Encinas Rodríguez.
Sin embargo, exhortaron a la comisión a “replantear el papel” que tienen con los padres y madres de los estudiantes; además llamaron a que “antes de presentar un informe, una prueba”, en referencia al informe que el pasado 18 de agosto presentó el subsecretario, “hay que someterla al análisis porque está en juego la credibilidad con las familias”, reiteró Beristain.
Lo anterior en referencia a las comunicaciones e impresiones de pantalla de chats en los que se señala la presunta vinculación de elementos del Ejército y elementos de Guerreros Unidos, que fueron filtradas a la prensa, pues refirieron que eso es parte de un “material extenso” que aún está pendiente de ser evaluado por el GIEI, aunque informaron que ya designaron un perito para analizar esas informaciones, a petición de los familiares de los normalistas.
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Precisamente sobre el involucramiento del Ejército en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, los expertos independientes sostuvieron que aunque ha quedado en evidencia con las pruebas recabadas, pero no fue sino hasta el 2021, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que se entregara la información con la que cuenta la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
No obstante aseguraron que a la fecha aún hay documentos e información recabada por Comando Regional de Inteligencia Zona Norte Iguala del Centro de Inteligencia Militar que no se ha entregado por parte de la Sedena, con lo cuales habría mayores elementos para esclarecer el paradero de los jóvenes y ubicar a los responsables.
“Hemos insistido, seguimos insistiendo y dejaremos la constancia de la insistencia porque es fundamental encontrar los documentos que fueron generados por el famoso Centro Regional de Inteligencia Militar denominado Zona Norte, en Iguala (…)Este punto es fundamental porque inclusive por escrito nos han negado la existencia de ese centro regional en el año 2014, sostuvo Ángela Buitrago, no obstante que información de fuentes de inteligencia sostienen que dicho centro comenzó operaciones en 2015.
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