Al entregar su sexto y último informe sobre el caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) advirtió que hay una permanente insistencia de las autoridades en ocultar o negar la entrega de información que podría ser clave para conocer la verdad y el destino de los 43 normalistas.
“Para el GIEI es determinante que se aborde esta cuestión y que la mentira no se institucionalice como forma de respuesta frente a preguntas o realidades que sean incómodas (…) Las pruebas muestran que distintas autoridades saben lo que sucedió o tienen información relevante que no ha sido proporcionada”.
En conferencia de prensa desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, los dos integrantes restantes del grupo, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, señalaron particularmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Marina y al entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) —hoy Centro Nacional de Inteligencia (CNI)—, de mantener negativas a las peticiones de información cuya existencia ha quedado comprobada.
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A decir de los expertos, la reserva o negativa de las autoridades para entregar los documentos reiteradamente solicitados en los últimos meses “no es fruto de la inercia o de la burocracia institucional”, sino de una existente intencionalidad que impide “aclarar los hechos o que oculta partes muy significativas de los mismos”, acusaron.
En ese sentido, Carlos Martín Beristain admitió sentirse frustrado, pues al no haber podido acceder a información sobre la participación y el seguimiento que “en tiempo real” tuvieron elementos y altos mandos de la Sedena, la Marina y el Cisen, señaló que “no hay condiciones de seguir”.
Dato. Entre los hallazgos del grupo de expertos se encuentra la red de comunicaciones entre las autoridades.
Sin embargo, ambos expertos señalaron que tanto las expectativas como investigaciones del caso deben continuar, y no se cierran con la conclusión de la participación del GIEI, pues aseguraron que los seis informes que presentaron “son herramientas para seguir investigando”, y subrayaron que el caso “no se cierra hasta que no se conozca el destino y paradero de los jóvenes”, desaparecidos hace casi nueve años.
De las negativas que han recibido, principalmente de la Sedena, y recientemente de la participación de la Marina, la cual vincularon con procedimientos de las unidades de Operaciones Especiales o de Inteligencia Naval en los que torturaron e incluso asesinaron a al menos dos personas, los expertos aseguraron que han mantenido al tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador.
“¿Qué va a pasar de aquí en adelante? No sabemos. ¿Cuáles van a ser las respuestas? No sabemos, pero tienen la información. Hubo una apertura inicial y lo que no ha habido después es una respuesta a nuestras demandas. No es posible que no se pueda tener información que sabemos que existe”, acusó Beristain.
Una extensa red de comunicaciones que en “tiempo real” y en días subsecuentes mantuvo la Sedena, a través de distintas áreas; la participación de la Marina, así como de al menos un elemento, a la fecha activo, del Cisen; inconsistencias y contradicciones en informes oficiales militares; así como nombres de funcionarios y altos mandos que no habían sido mencionados, son parte de los hallazgos con los que el GIEI dio por con concluida su participación.
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