La iniciativa de reformas a la Ley de Aviación Civil para abrir de par en par los cielos mexicanos a las aerolíneas extranjeras se ha vuelto, paradójicamente, un obstáculo para la recuperación de la Categoría 1 para la autoridad aérea mexicana, que podría recuperarse hasta otoño de este año y no en el verano como era la expectativa original, de acuerdo a Peter Cerdá, representantes de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).
El problema es que en su iniciativa de reforma, Andrés Manuel López Obrador mezcló tanto la apertura al cabotaje como las medidas necesarias a nivel legislativo para fortalecer las finanzas y la operación de la Agencia Federal de Aviación Civil… lo cual ha rezagado, por calendario legislativo, se cumplan las soluciones técnicas solicitadas por la Federal Administration Aviation.
Las reformas propuestas ya están en la Cámara de Diputados, sin embargo, extrañamente, no hay aún fecha para su discusión y eventual aprobación. Y es que dentro de la mayoría del partido oficialista que lidera Ignacio Mier no todos los diputados están convencidos que esa sea el método de “abaratar los precios de los pasajes” y mejorar la conectividad aérea entre ciudades medias; de hecho, se sabe que a varios de esos legisladores, incluyendo a los de sus partidos satélites, no les gusta la idea de enfrentar previo a las elecciones de 2023 y 2024 el activo enojo que pilotos, sobrecargos, personal en tierra y de prestadores de servicio sacarán a las calles en caso de aprobarse el cabotaje.
López de Santana Air
El gremio de pilotos que lidera Umberto Gual (el mismo que ha dicho que con esa iniciativa López Obrador es el equivalente aéreo de López de Santana), el de sobrecargos encabezado por Ada Salazar, así como los trabajadores en tierra donde Marco Calva lleva la voz cantante, han mostrado que ellos serían —cerca de 1.5 millones de trabajadores directos e indirectos— los afectados inmediatos de una apertura sin reciprocidad que no tienen parangón en ningún otro lugar del mundo.
Las aerolíneas agrupadas en la CANAERO que preside Diana Olivares, así como por su lado Viva Aerobus de Roberto Alcántara, han hecho hincapié en que en ningún lugar del mundo tal apertura deriva en la reducción consistente de tarifas, pero destruye la aviación de los países (Chile, Perú) que quedan sujetos a la oportunidad y disponibilidad aerolíneas foráneas que sin competencia elevarán las tarifas.
Los legisladores oficialistas, como lo mostró ayer en un video difundido por Ángel Catzin, presidente del Colegio de Pilotos, también saben que están en un brete ideológico: por un lado, se rasgan las vestiduras por “el entreguismo de la riqueza energética durante los gobiernos neoliberales” y postulan un nacionalismo a ultranza tanto en materia eléctrica como en hidrocarburos… pero se mostrarían entreguistas en el tema aéreo.
El tapón senatorial
Si bien la mayoría de diputados de Morena, PT y Partido Verde aprobarán —aunque sea a regañadientes si así lo ordena presidencia— votar por la reforma de cabotaje y seguridad aérea, la reforma tendrá que ir al Senado pues además de implicar cambios constitucionales en cuanto potestad del estado en el espacio aéreo nacional, también tendría que modificar los acuerdos bilaterales que en la materia México tiene con cerca de 50 países.
Es un hecho que en la oposición PAN-PRI-PRD (no se sabe con MC) cerrarán filas y rechazarán la reforma en apoyo a trabajadores y empleados ligados al sector aéreo.
Acto seguido, los cambios en la Ley para elevar el presupuesto a la AFAC que lleva el general Miguel Vallín, y con ello mejorar capacitación y contratación de personal, así como incorporar la Dirección de Medicina del Aire y servicios de inspección, tendrán que esperar pase el tironeo legislativo y político… y después, atender las deficiencias que FAA exige sean resueltos para regresar la Categoría 1 a México, probablemente a fines de 2023.
