La guerra legal está en marcha: la actual cúpula del gobierno de la Ciudad de México opera desde mediados del año pasado toda una estrategia para buscar la destitución y procesamiento legal de Santiago Taboada, titular de la alcaldía Benito Juárez —el reducto más sólido del Partido Acción Nacional en la capital—, y que se perfila como una de las figuras más competitivas para participar como candidato a la jefatura de gobierno de la CDMX en 2024 como abanderado de la Alianza Por México.
La creación de la figura de “El Cartel Inmobiliario” es el vehículo mediante el cual el gobierno de Claudia Sheinbaum ha logrado desprestigiar a las anteriores administraciones panistas en la Benito Juárez (epicentro de la clase media y media alta capitalina), empezando por el hoy preso ex alcalde Christian Von Roehrich (y a ocho de sus colaboradores) a quién se le imputa el delito de encabezar una red de funcionarios locales para autorizar la construcción fuera de reglamentos, con densidad y grandes y lujosos complejos habitacionales a cambio de departamentos en esos mismos edificios.
Esa mismo vehículo se está construyendo desde la Fiscalía General de Justicia, a cargo de Ernestina Godoy, contra Santiago Taboada pero con una agravante mucho más sustancial: se le ha relacionado en 14 carpetas de investigación en su presunta participación en el delito de secuestro, un delito grave que amerita prisión preventiva oficiosa. El objetivo político es evidentemente que su detención en un centro de penitenciario de alta seguridad donde se le sea prohibido su derecho de ser votado a un cargo de elección popular o mínimamente imputarle los cargos propios un de delincuente de cuello blanco que eventualmente amerite prisión y con ello acentuar el desprestigio público para la próxima elección.
Un error de cálculo, y todo fallará para Sheinbaum
Sin embargo, si las acusaciones coordinadas desde el Palacio del Ayuntamiento no resultan sólidas y mantienen a Taboada a sólo un paso de la cárcel, el panista habrá logrado una gran publicidad gratuita, lo habrán victimizado y elevado su puntaje como posible candidato opositor con una amplia posibilidad de triunfo en una ciudad que por casi tres décadas ha sido gobernada por un mismo grupo político de supuesta izquierda.
El alcalde la Benito Juárez fue uno de los orquestadores, junto con la alcaldesa Sandra Cuevas de la Cuauhtémoc y Adrián Ruvalcaba de la alcaldía Cuajimalpa, de la Alianza por México que le quitó más de la mitad de los votos capitalinos al partido de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones intermedias de 2021. Si las acusaciones judiciales no terminan en un encarcelamiento fulminante, el martirio colocará a Taboada como eje de la alianza opositora que podría derrotar a la candidata de Morena al cargo que, por ahora, persigue de manera visible la secretaria de seguridad pública federal Rosa Isela Rodríguez.
Criterio de oportunidad: van con Toño
En el vehículo acusatorio del “Cartel Inmobiliario” hay nuevas que hablan de esa voluntad de sacar de la boleta a los candidatos opositores: es sabido que la FGJCDMX negocia con los propietarios de City Towers el llamado Criterio de Oportunidad para que testifiquen contra los alcaldes panistas, acusándolos de cohecho, de “recibir propinas” en forma de departamentos por las “facilidades” (que no necesariamente violaciones a los reglamentos de construcción) para levantar una mole impresionante al sur de la capital que alberga a 784 departamentos de lujo.
Si el criterio de oportunidad se ofrece a cambio de pruebas que resulten falsas o incomprobables, es probable que se repita el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, que al ofrecer empinar en la trama de venta de Agronitrogenados a la paraestatal al expresidente Enrique Peña y a su secretario de hacienda Luis Videgaray, no pudo acreditar sus imputaciones y terminó en la cárcel por violar la prisión domiciliaria que le fue sentenciada.
Sin embargo, la acusación al “Cártel Inmobiliario” en el caso de City Tower tiene una profunda debilidad: la debilidad se llama Rodrigo Muñoz Dromundo, un vecino en esa edificación quién inició las denuncias contra Roehrich y Taboada acusando que se sobreconstruyeron 24 apartamentos en City Towers lo cual no fue cierto, como se demostró en un primer juicio contra los desarrolladores que ahora buscan el “Criterio de Oportunidad”… pero que además, como consta en un documento en poder de este columnista, Muñoz Dromundo habría pedido a los desarrolladores una serie de beneficios económicos (incluyendo tres millones de pesos en tres partidas) para dejar de “hablar mal” de la edificación e incluso ayudarles a recuperar su prestigio.
Pero de que Sheinbaum va por Taboada, ni duda cabe.
