Uno de los proyectos de conectividad pública de internet más ambicioso, no de este sino del gobierno de Enrique Peña Nieto, la Red Compartida, no sólo enfrenta los problemas financieros propios de un modelo de negocios que no ha logrado generar los suficientes clientes dispuestos a usar una banda de 700Mhz —la que hasta hace ocho años utilizaba la televisión abierta analógica— sino también la complejidad de desplegar antenas inalámbricas y contar con las agencias comercializadoras de un servicio de bajo costo (una tiendita, una tortillería, la carnicería del pueblo) por la presencia de bandas del crimen organizado que han tomado control de amplias zonas del territorio nacional donde ni siquiera las cuadrillas de instaladores de antenas se atreven a entrar por el peligro de perder la vida.
Basta con que usted abra la información electrónica disponible en el sitio bit.ly/3FcLteH para que pueda revisar con una gran precisión cómo se ha desplegado la Red Compartida donde confluye la empresa Altan Redes (ahora con mayoría accionaria del gobierno federal, representado por Anthony McCarthy) y la representación oficial mediante Promtel que conduce María de Lourdes Coss. Lo primero que saltará a la vista son las vasta zonas en la costa del Pacífico mexicano donde la red de redes no tiene cobertura. El visualizador le permitirá, con su herramienta de acercamiento, detectar amplias zonas vacías, sin cobertura, entre Puerto Peñasco y Guaymas donde, ciertamente, la población está dispersa en poblados en áreas desérticas… donde curiosamente está detectado es el cruce para el trasiego y exportación-importación de todo tipo de drogas y armas. O en Guerrero, en el municipio de Arcelia, pese a estar rodeado de múltiples poblados y municipios conectados a la Red Mayorista, en esa zona serrana sencillamente hay decenas de kilómetros sin presencia alguna de radio bases que ofrecen internet gratuito y servicios de altos velocidad de datos a bajo costo.
En la costa del Golfo de México se repite un patrón similar, acentuado en la costa norte de Tamaulipas; mejora la cobertura social en Veracruz-Centro aunque con un extraño vacío entre Mandinga y Alvarado… lo cual coincide con los reporte policiacos de la creciente violencia que ejercen los grupos criminales en esa zona.
No todo es territorio Telcel
La versión abierta y pública del visualizador no permite ver la huella que generan los operadores privados de comunicaciones móviles, es decir Telcel, AT&T y Movistar, pero la información en manos de las autoridades expone con claridad que en las zonas “más calientes” sencillamente tampoco tienen cobertura.
Es en esas áreas, posiblemente 45% del territorio nacional habitado, donde ni los más audaces ingenieros con su bien intencionada cuadrilla de trabajo entran con buena disposición a instalar o reparar antenas o postes: saben que de ser “confundidos” con miembros de alguna banda rival que va instalar cámaras de detección y/o identidad facial, su vida se esfumará en cosa de segundos.
Ese es el problema en cuanto a despliegue de infraestructura se refiere. Existe un problema mucho más extendido, el de la extorsión a los pequeños comercios que se dedican a las “recargas de megas” o “cambio de chips” para servicios móviles. El llamado “cobro de piso” se acentúa en esas comunidades y poblaciones periféricas donde las gavillas, por pequeñas que resulten, tienen la venia de sus mandos de “recuperarse” con el asedio a la población civil: un comerciante en el municipio de Benemérito sabe que es mejor no entrar al negocio de las telecomunicaciones y hacerse de la vista gorda con el tráfico de ganado de contrabando desde Guatemala, cerca de 250 mil cabezas de ganado anuales controladas por el Cartel Jalisco Nueva Generación, pues difícilmente la policía estatal del gobernador Rutilio Escandón —y menos la municipal a cargo de Isaías Soriano— podría ofrecerles alguna protección.
@mfloresarellano
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