El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) ya metió en aprietos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en lo que se refiere al cumplimiento de los nuevos y más extensos compromisos que México hizo en la COP 27 para la reducción de los gases de efecto invernadero, dejando en vilo lo firmado por el canciller Marcelo Ebrard en Egipto.
El organismo que dirige Ricardo Mota Palomino también ya puso en un brete a la nueva secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, en el intento de evitar una onerosa confrontación comercial con Estados Unidos por motivo de la política eléctrica mexicana, pero también al oponerse a las directrices de la Secretaría de Energía a cargo de Rocío Nahle, y obstaculiza el urgente aumento de energía que requiere el centro, pacífico norte y frontera norte del país.
En agosto pasado, Bloomberg difundió que existen cerca de 400 proyectos para la generación de electricidad por fuentes renovables en diversas etapas que no han recibido las autorizaciones correspondientes para concluirse. También se sabe que hay 12 proyectos de generación fotovoltaica y eólica que podrían entrar en operación de inmediato pero que no reciben la autorización del CENACE (ni tampoco de la Comisión Reguladora de Energía que encabeza Leopoldo Vicente Melchi), pese a existir lineamientos expresos de Nahle para que se giren las autorizaciones correspondientes en sentido positivo.
De estos 12 proyectos paralizados, destacan los casos de Horus, Tastiota y Mayo que podrían resolver el suministro eléctrico en zonas de alto crecimiento industrial en Aguascalientes y Sonora, pese a las directrices que SENER ha girado a CENACE y CRE.
¿Metálico o Engaño?
El hecho de que las instrucciones de la Secretaría del ramo —y en este gobierno, sólo pueden venir del mismo Presidente— sólo puede tener dos explicaciones: que exista una trama de corrupción en la negativa de los organismos subordinados a la SENER, o que los nuevos compromisos ambientales y de energía del gobierno mexicano son tan sólo una mascarada.
Ebrard se comprometió en la COP27 a que México reducirá las emisiones de gases invernadero en 35 % en México hacia 2030, una meta mucho más ambiciosa que el 22 % previo. Para ello, aseguró que habría inversiones por 48 mil millones de dólares, todas ellas metidas por las empresas privadas que hoy no han recibido las autorizaciones correspondientes de CENACE y CRE.
Ebrard hasta se sacó la foto con John Kerry, enviado para cambio climático de Joe Biden, para asegurar que la promesa sería una realidad capaz de anular las quejas de EU y Canadá en las mesas de análisis del T-MEC. Esto evitaría a Buenrostro entrar en una guerra comercial de la que México llevaría la peor parte con un costo anual de 15 mil millones de dólares.
Pero la negativa de ambos organismos a destrabar permisos y autorizaciones estaría vinculada a la búsqueda de sus mandos de una “tintineante aportación” por parte de las empresas varadas, conforme a algunas versiones que se comentan en los círculos oficiales.
La otra posibilidad es que se trate de otra simulación del gobierno mexicano hacia sus contrapartes de América del Norte; que por un lado se verbalice una nueva y tolerante actitud hacia las energías renovables, pero que realmente busca ganar tiempo para continuar una política estatista de energía centrada en la Comisión Federal de Electricidad y Pemex.
Y cabe una tercera explicación que contendría a las dos anteriores: se trata de otra trama de zancadillas políticas al interior del gabinete lopezobradorista en vísperas de elegir la candidatura presidencial y las de gobernaturas para el 2024.
