Dicen que los muertos no hablan. Con la apresurada desaparición del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) es probable que se intente tender un manto piadoso sobre las irregularidades, faltas y posibles actos de corrupción acontecidos sobre un presupuesto global superior a los 400 mil millones de pesos que le fueron asignados entre 2020 y 2023, la mayor parte de ese dinero para la compra de medicinas, pero con un funesto resultado —un desbasto general de 30% de insumos para la salud— para las políticas de salud pública, donde la gestión de Juan Ferrer es corresponsable (junto con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por el fallido manejo de la pandemia Covid-19) de la pérdida de cuatro años en la esperanza de vida promedio de los mexicanos.
Pero además del uso opaco de los multimillonarios recursos a lo largo de su existencia y el interés político por ocultarlo, también existe el interés sobre las funciones, funcionarios, activos, pasivos y recursos humanos que serán trasladados al IMSS-Bienestar: en su desguace, el Insabi mostrará piezas valiosas sobre las que sus liquidadores desearán tener control, actividades por las que seguramente habrá trifulca entre el equipo del arqueólogo Ferrer y del equipo Zoé Robledo en el IMSS… pero también culpas y pliegos de observaciones que bien podría hacer la Auditoría Superior de la Federación a cargo de David Colmenares y de las que nadie deseará cargar en las postrimerías del sexenio del obradorato.
¿Será el Segalmex II?
Tan sólo en la Cuenta Pública correspondiente al 2021, la Auditoría Superior encontró irregularidades por 751.8 millones de pesos en la compra de medicamentos, especialmente en oncológicos, de los cuales sólo se entregó a la población derechohabiente el 1.1% de las piezas requeridas por los enfermos de cáncer.
Eso, sin considerar los que amablemente la ASF denominó “deficiencias” en las adquisiciones de otros medicamentos y material de curación que se pactó con la Oficina de Servicios para Proyectos de la ONU (UNOPS), que también derivó en desabasto pero, lo mas interesante, en compras “en lo oscurito” negociadas luego de las subastas inversas supuestamente para “generar ahorros al sector público”, pero sin que haya constancia fehaciente de dichos ahorros qué, si los hubo, fue a costa del dolor de millones de personas y el agotamiento de patrimonios familiares para salvar la vida de algún ser querido.
De hecho, la UNOPS, a cargo en México de Giuseppe Mancinelli, cobró por “organizar” dichas compras en concursos internacionales la friolera de 150 millones de dólares. Nadie sabe con exactitud si la cancelación del Insabi ese organismo internacional devolverá parte del dinero que recibió en pago al no cumplir con sus metas o si sus funcionarios serán objeto de sanciones gubernamentales o se mantendrán a salvo por la “cláusula de inmunidad diplomática” que les firmó el arqueólogo Ferrer.
Además se debe considerar que varias de esas compras fueron realizadas con países con los que México no tiene convenios comerciales y acuerdos sanitarios, razón por lo que en varias clínicas en poblados alejados y pobres llegaron productos sin patente sanitaria, en empaques con leyendas en idiomas centroeuropeos o asiáticos. Otra de las responsabilidades que enfrentarían los encargados del Insabi, en el área de suministros a cargo de Alejandro Calderón Alipi, bien podría ser por la caducidad de los medicamentos que por el desorden logístico que implicó desbaratar el sistema integrado con el que trabajaba el Seguro Popular, se entregan a destiempo, fuera de la estacionalidad de demanda (por ejemplo, entrega de gripales en verano y de gastrointestinales en invierno), clínicas sin sistemas de refrigeración o con autorización para manejar medicamentos de uso psiquiátrico.
Es decir, el Insabi tiene todos los elementos para convertirse en otro escándalo tipo el de Seguridad Alimentaria Mexicana.
¿Quién se come el pollo?
A reserva de seguir comentando e informando sobre esa situación, la pregunta obligada es: ¿En quién recaerá la sustantiva, pero también jugosa tarea de comprar medicamentos y contratar servicios de distribución logística? ¿En el equipo de IMSS-Bienestar o con el IMSS?
Por cierto, el IMSS no es es una perita en dulce: el año pasado, Borsalino González, director administrativo de la institución, asignó la mayoría de la distribución a sus clínicas y hospitales a la empresa Traxion de Bernardo Lijtszain, con un precio promedio 54% más alto que sus competidores para la entrega de medicinas y en 86.8% más alto en promedio para la entrega de cada kilo de material médico. Un contratito de poco mas de 500 millones de pesos asignado a un monopolio.
@mfloresarellano
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