El año de Hidalgo está en pleno curso en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Instituto de Salud y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En realidad el abigeo presupuestal empezó desde finales del 2021, pero los operadores, coyotes y proveedores involucrados actuaban de manera cautelosa, aunque poco a poco dejaron la mesura y se “soltaron el pelo”. Aprovechando el rotundo fracaso de lo que fue el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (cuyo ex director, Juan Ferrer, fue premiado con subsecretario de salud), se han desatado las multimillonarias licitaciones a modo, las compras en directo, los conflictos de interés y las adjudicaciones directas para “compras de emergencia”.
De acuerdo al corte más reciente sobre compras de medicamentos e insumos médicos efectuado por el director del Instituto Farmacéutico México (Inefam), Enrique Martínez Moreno, al mes de abril pasado se registró un avance de sólo 16.8 % en la compra de todos los medicamentos; si se mantiene ese ritmo al final del año se habrá llegado a un nuevo máximo histórico de desabasto del 49.6 % del suministro anual programado.
El asunto es aún más grave en medicamentos genéricos, los de mayor uso para atender males como los gastrointestinales, respiratorios o de dolor, donde el avance es de sólo 16.3 % que, de continuar a esa velocidad podría alcanzar un preocupantes desbasto del 51.1 % al cierre de año.
Tales fallas en el suministro tienen otro dato no menos revelador: sólo el 53.2 % de las compras al mes de abril se realizó a través del proceso de licitación consolidada a través del Insabi-IMSS, el restante 46.8 % se adquirieron en asignaciones directas y regionalizadas bajo el ya conocido paradigma de “sálvense quién pueda” supuestamente para contar con el suministro en tiempo y cantidad… y donde las administraciones se dan vuelo haciendo “negocitos” de fin de sexenio.
IMSS: Jorge & Daniel, salvadores gananciosos
En 2021, cuando las compras consolidadas efectuadas por la Oficina de Servicios de Naciones Unidas (UNOPS) declaró su fracaso en la misión de las compras internacionales, Jorge de Anda y Daniel Ramírez, coordinadores de abasto y de gasto, respectivamente del IMSS, urdieron el esquema de regionalización de compras (un sistema discrecional que data de las épocas más oscuras del instituto) para mejorar las condiciones de suministro. Y se propusieron, se sabe en el medio farmacéutico, con José Manuel Ballar y Aldo Díaz, dar paso a una veintena de empresas intermediarias de reciente creación para dar esa proveeduría de “emergencia”: de esa manera, en sólo 36 meses, lograron concentrar el 41 % de las asignaciones del IMSS (no se sabe si con o no anuencia del actual director, Zoé Robledo, hoy anotado por ser candidato al gobierno de Chiapas) cayeran en empresas como Clave Suministros de Salud, Leo Medik, Wellness Hospitalario, MED Evolution, Comercial Adelfa, Grupo ActiPro, Grupo Osherx, Estrada Cintermex y PCB Empresarial. Es decir, han logrado ventas que acumularían ventas cercanas a los seis mil millones de pesos en dos años y medio.
El método de “acordar” con Díaz y Daniel Ramírez, conforme han revelado fuentes de la industria, se reúnen en un elegante departamento en la alcaldía Miguel Hidalgo para asignar los contratos en delegaciones como las de Tamaulipas, Querétaro y Coahuila.
ISSSTE, el efecto Almendrita
La directora de administración del ISSSTE, Almendra Ortiz, que fuera alumna avanzada de la Ayudantía Presidencial, ha generado espacios para convertirse en todo un poder dentro de ese instituto y retando los ánimos de limpieza tanto del director Pedro Zenteno como de la secretaria de salud Rosa Icela Rodríguez encargada de evitar compras a modo… pero han sucedido.
La más célebre fue la contratación en directo el año pasado de una empresa sin experiencia para el servicio de imagenología (rayos X, endoscopías, anatomía patológica). La empresa jalapeña Imedic que recibió 140 millones de pesos pero cuya deficiencia derivó en la muerte de nueve pacientes y en el rezago y afectación a cerca de 58 mil derechohabientes conforme a los propios reportes de las áreas de atención médica de 40 hospitales.
La más reciente es el intento de acomodar una licitación internacional para el arrendamiento de 59,364 equipos de cómputo y periféricos a favor de un solo proveedor, la empresa Mainbit, con un precio arriba de 80 millones de pesos por arriba de los demás concursantes a los que se descalificó con excusas nimias y sin demostración. El escándalo es tal que el director del Órgano Interno de Control, Luis Antonio García Calderón, todavía no da por bueno el fallo a favor de una de las empresas favoritas de TI en el gobierno de Enrique Peña.
La más tierna es la asignación que la subdirectora normativa de administración, Heriberta Flores Hernández, asignó un contrato de 100 millones de pesos para 15 claves médicas a la firma Sago Medical —del empresario peruano Germán Salinas Falcón— que obtuvo el suministro de Apotex y AstraZeneca donde los hijos de doña Heriberta (Edgar Puebla y Francisco Javier Puebla Flores) son los directores de venta a gobierno.
Igualito qué en Dinamarca, pues.
