Hace 10 años, allá en el lejano septiembre de 2013, desaparecía la antigua Comisión Federal de Telecomunicaciones —sujeta bajo diversos mecanismos presupuestales y administrativos a la Subsecretaría de Telecomunicaciones de lo que fue la SCT— para dar paso a un organismo autónomo: el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuya misión fue regular la puesta en marcha la Reforma de Telecomunicaciones diseñada para ampliar la competencia a fin de abatir los precios extremos a los consumidores que aplicaba el operador dominante, Telmex-Telcel de Carlos Slim, cuyo costo social en pérdida de bienestar fue tasado en 26 mil millones de dólares anuales por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) entonces presidida por José Ángel Gurría.
Una década después, un IFT debilitado por falta de consejeros designados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (que nunca vio con simpatía la existencia de organismos autónomos de tercera generación), se rinde ante Telmex-Telcel y le perdona una multa de 22 mil millones pesos por incumplir las reglas de competencia fijadas en 2013, dejándole el paso libre para que consolide en México su poderío en la actual revolución digital y 5G.
La reforma de 2013 también se desarrolló para dar el salto de la televisión y radio analógica y a la digital a fin de aprovechar la revolución de compactación y multiplexación de las señales que empujaba el desarrollo de Internet, así como para liberar los contenidos de televisión abierta para que pudiesen ser distribuidos sin costo para los nuevos operadores de audio y video restringido así como para diseñar lo que serían las reglas de lo que serían las actuales plataformas Over The Top.
De los reformistas a los payasitos
En aquel entonces hubo resistencias principal y notoriamente por parte de Telmex-Telcel, que vieron en la reforma una amenaza a las rentas extraordinarias obtenidas en sus precios de telefonía fija, móvil e internet. El IFT, que encabezó inicialmente Gabriel Contreras, tuvo que aplicar una multa a la empresa de Slim por la compra que clandestinamente intentó hacer de Dish —empresa de MVS de Joaquín Vargas— para colarse al negocio de televisión restringida, para la cual no le permitía (ni le permite) su Título de Concesión.
Pero el tiempo pasa: el reformista Gabriel Contreras ahora es vicepresidente de asuntos legales de AT&T en México; en tanto que el pleno del IFT ofreció un grosero perdón a Telmex, por un incumplimiento idéntico a uno de su empresa hermana, Telnor, a la que ese regulador le impuso una multa del 6 % de sus ingresos anuales en 2020, que se tradujo en una pena de 1,300 millones de pesos.
¿Los actuales comisionados del IFT serán algún día empleados menores o de alto rango en Telmex-Telcel? Podría ser, incluso uno de ellos ha intentado públicamente justificar ese perdón. Tal vez sea su recompensa por desmantelar la reputación del órgano regulador como autoridad y echar al caño uno de los ejes de competencia, beneficio a los consumidores y desarrollo tecnológico que fundamentaron la Reforma de Telecomunicaciones.
Además de tan abierta capitulación, resulta obsceno que tanto en el IFT y entre y entre algunas y algunos analistas listillos, se olvida o hacen como que no se enteran qué México es uno de los pocos países a nivel mundial donde un solo agente económico (las empresas Slim) tiene cerca del 60 % de todo el sector telecomunicaciones, fijo y móvil.
Pero el abandono de los propósitos fundadores parece acomodar bien a los comisionados autores del perdón: Arturo Robles, Sostenes Díaz, Ramiro Camacho y Javier Juárez Mojica pueden celebrar con pastel y payasitos los 10 años del IFT.
