Un abogado corporativo en México, José Juan Méndez Cortés, le aseguró por allá del 2018 al multimillonario Elon Musk que podría arrebatar para su empresa la marca Starlink, misma que en 2015 había sido registrada de manera histórica por primera vez en el mundo y sigue en uso por el consorcio mexicano StarGroup; creyendo que bastaba con un poco de presión por parte del poderoso consorcio global propietario de Tesla para doblegar a la empresa de origen zacatecano y les entregara la marca del servicio de internet vía satelital… tal vez unos cientos de dólares a “esos rancheros” para seguir adelante con el proyecto de vender su solución para el proyecto Internet para todos de CFE TEITE.
Y si sus dólares no los convencían, usarían todo su aplomo y fuerza para lograr que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) “se aflojara” para que declarara caduco el registro de la marca Starlink que originalmente se le concedió a StarGroup.
Pero ni una ni otra cosa pudo lograr el abogado perteneciente al despacho que comparte créditos con Emmanuel García Cortés, Oscar Hurtado Ramírez y César Bautista Gandarilla. El empresario José Aguirre, cabeza de StarGroup, sencillamente no aceptó las ofertas para comprarle su marca –misma en la que invirtió por años para su despliegue de servicios comerciales– por un sentido básico de dignidad.
Y cómo José Juan Méndez Cortés no pudo concretar la compra, demandó a la empresa mexicana por usar indebidamente una marca que le pertenecía, al tiempo que difundió al interior del IMPI su versión de que el zacatecano “quería extorsionar con demandas económicas exorbitantes” al pobrecito de Elon Musk y que además era un “corrupto” que compraba voluntades al interior del Instituto.
El empresario estadounidense, no sabemos si en una nube de estupefacientes como recién reveló el Wall Streat Journal, o en su nube de poder multinacional, dio por válida la estrategia y versión que su abogado en México no tuvo empacho en mostrar en un documento oficial que atenta contra la integridad moral del empresario y también contra los funcionarios del IMPI, empezando por la directora de marcas, Mayra Ramos, de prestarse a actos de corrupción.
Claro, habrá que ver quien toma en serio los dichos de un abogado de un multimillonario que –según los reportes de los medios estadounidenses– presionaría a sus ejecutivos a “ponerse hasta arriba” como parte de sus vínculos sociales.
Pero el asunto, en México, no es el hábito a las drogas que tenga o no Elon Musk. El asunto de fondo es que sus abogados le mintieron… y más grave, mintieron a su nombre. Tal vez la Securitie Exchange Commission, tenga que tomar nota sobre esta circunstancia que afecta el interés del público inversionista y acreedores.
El poder que no tiene el poder
El primer dato sobre lo que configuraría un delito de falsedad de declaración y de fraude procesal es una carta poder que sin fecha ni registro ante algún fedatario público o cualesquier autoridad mexicana o estadounidense, apta para dar fe pública, el abogado José Juan Méndez Cortés presentó una carta poder sobre que refiere que el 24 de enero de 2011, se le concedió a Bret Johnson la facultad de delegar poderes, pretendiendo con ello confundir al IMPI, en el entendido de que esta no es la fecha de expedición de dicha carta poder.
La supuesta carta esta firmada por Bret Johnson (director de finanzas) y dos testigos como Guil Patton y Wenndy F. Yorita, por la cual les autorizaría a solicitar el registro de marcas como la de Starlink… ¡que en aquel entonces no existía para Musk!
Y lo mas relevante es que la autoridad mexicana, actualmente a cargo de José Sánchez, aguantó y reviró el embate de los abogados de Musk.
Conforme a lo notificado el 13 de noviembre del 2023 a Méndez Cortés, el IMPI determinó que “no obstante, conforme a las constancias que integran el expediente citado al rubro no se tiene la certeza y seguridad jurídica de la existencia de un documento idóneo para acreditar la existencia de facultades suficientes para llevar a cabo el trámite solicitado (registro de la marca Starlink), que se hubiese emitido con fecha anterior a la presentación de la solicitud (9 de abril de 2018), y considerando que ésta, a la fecha, se encuentra en examen de fondo, se le REQUIERE, por única vez exhiba cualquiera de los documentos previstos en el artículo 181 de la Ley de Propiedad Industrial, en un término no mayor a diez días hábiles, contados a partir de que surta efecto la notificación del presente oficio”.
Sí, engañaron a Musk. Se ignora cual sea la paga que hace a sus abogados en México, pero el hecho es que le vieron la cara y lo dejaron con un problemón con la marca Starlink que, oficial y legalmente en México, pertenece a StarGroup.
@mfloresarellano
