El único monopolio bueno es el propio, eso lo sabe a la perfección la senadora Olga Sánchez Cordero, quien desde enero de 2022 propuso reformar la fracción IV del Artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para asignarles una posición supraprofesional a los notarios públicos, quienes al amparo de la Carta Magna tendrían mucho mayor importancia que cualquier otro profesionista y experto en el país… lo cual, por supuesto, permitiría aplicar tarifas aún más elevadas que las que aplican a fin de dar fe pública sobre un sinfín de procesos contractuales entre particulares y/o de éstos con las entidades gubernamentales. Y ahora, en el próximo periodo de sesiones en el Senado, su iniciativa —modificada y “mejorada”— se presentará a discusión para su aprobación.
De hecho, de prosperar la iniciativa, serían desplazados a segundo término los 416 corredores públicos que laboran en México, esos profesionistas que desde 1993 fueron facultados constitucionalmente para también dar fe pública en constar los contratos, convenios y actos jurídicos de naturaleza mercantil (excepto cuando se trata de inmuebles y diversos actos jurídicos como ratificación de firmas, notificaciones y requerimientos)… y por tanto llevados al borde de la extinción por la supremacía de los notables notarios públicos que laboran en 3 mil 427 notarías en todo el país.
Vaya, para nadie es un secreto que doña Olga, exsecretaria de Gobernación en el primer tramo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es la Notario Público 182 de la Ciudad de México. Claro, en su propuesta no hace referencia a la creación de un monopolio para los que ejercen su misma profesión, más bien habla de “reforzar” la certidumbre jurídica y un mecanismo de control a los procesos de asignación de notarías públicas que son, hoy por hoy, uno de los obsequios más jugosos que un gobernador puede dispensar a socios y amigazos.
Luchar, vencer, notarios al poder
Los notarios no se andan por las ramas y han expresado claramente el alcance de la iniciativa de Olguita conforme la nota emitida el 31 de mayo pasado por Guadalupe Díaz Carranza, presidenta del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, anotada en su boletín 82/23 y que voz en cuello dijo “(…) Reitero que lo trascendente de esta reforma es elevar a rango constitucional el ejercicio de la Fe Pública Notarial, esto nos blindará de movimientos que, con un nulo conocimiento de nuestra función, promueven figuras como la del llamado “Notario Social o del Pueblo”… “y en un afán populista, se pretende que los Notarios seamos una especie de servidores públicos…”
Vale precisar que doña Lupita, al momento de su postulación para encabezar a los notarios, fue señalada en medios oaxaqueños —con documentos y captura de pantallas— por no ser oriunda de Oaxaca, que nació en Tlaxcala, y que por tanto no merecía la merced de una notaría de la mano del ahora exgobernador Alejandro Murat.
Regresando al núcleo de la reforma, todo indica que al regular la función del notariado como una escisión del Estado, un “supranotario” que menoscaba y excluye a profesionistas al que el mismo Estado expide cédulas profesionales para ejercer sus actividades; vaya, con el toque divino de una reforma constitucional a modo, Olguita le habría otorgado a su gremio (y de pasadita a ella) diversas funciones de consultor jurídico, árbitro, mediador jurídico o conciliador, profesional inmobiliario y otras actividades mercantiles, al dar por sentado que por el hecho de ser notario se es especialista en otras tantas actividades, como la mediación o la administración inmobiliaria con una sabiduría suprema, por arriba de los a especialistas en materia judicial, mercantil, marítima, consular, ministerial, entre otras. El Estado, con dicha reforma, quedaría de esa manera limitado en su capacidad de transferir capacidad de Fe Pública a cualquier otra persona que no sea notario.
¡I´am your Notario!
La última versión de la reforma constitucional que recibió Alejandro Armenta, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, dice “El notariado será auxiliar en la administración de justicia, siempre que no exista conflicto o controversia entre las partes pudiendo además, de manera enunciativa mas no limitativa fungir como consultor jurídico, árbitro, mediador jurídico o conciliador siempre que estén certificados por el Poder Judicial del Estado correspondiente, profesional inmobiliario, y realizar otras actividades semejantes que no causen conflicto ni dependencia que afecte su dación de fe y asesoría imparcial”.
Obvio que la primera pregunta es: ¿beneficia algo a los mexicanos que los notables notarios tengan tal grado constitucional para fungir cual auxiliar de la impartición de justicia, bajarán sus tarifas o las subirán, luego de haberse despachado a los corredores públicos?
Y bueno, investidos como supraagentes inmobiliarios, la pregunta es sí de esa manera se bajarán las tarifas o se dedicarán a sofocar profesionalmente a los agentes inmobiliarios adscritos a empresas privadas, siendo así juez y parte en el proceso de compra-venta de bienes inmuebles.
La leyes económicas, y décadas de sicología y sociología aplicada, señalan que eso no sucede, que cuando alguien se hace un monopolio, por limpias y puras que sean sus intenciones, al abuso de poder —empezando en la fijación de precios— termina por ser la constante.
@mfloresarellano
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