Aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiso pasar como “bola baja” la reforma a 23 leyes para hacerse del control total e incontestable de los procesos administrativos y contractuales federales, hoy ya es un motivo de intensos sainetes legislativos y jurídicos, pues con dicha reforma cualquier compra, arrendamiento, servicio u obra contratada podrá ser modificada al arbitrio de los funcionarios públicos que por sus fueros invoquen el principio de “interés nacional” para cambiar a su gusto y conveniencia de proveedores y contratistas.
Sin embargo, eso ya sucede en la Consejo Nacional de Fomento Educativo, en donde a su director Gabriel Cámara Cervera le importó medio pepino los dictámenes de la Secretaría de la Función Pública para que no asignase la dotación de 31 mil paquetes de libros para las bibliotecas públicas a la empresa Impregráfica Digital por su alto precio y lo amañado del concurso, que parece urdido desde las altas esfera del SEP, ahora a cargo de Leticia Ramírez.
Los análisis de despachos jurídicos especializados como Basham o HKlaw coinciden en que la iniciativa presentada pocos días antes de que iniciara la Semana Santa pretende aumentar exponencialmente las facultades del estado para la administración de su relación con empresas privadas nacionales o extranjeras, pues se autoconcede una amplia discrecionalidad en el otorgamiento o asignación de contratos, permisos y concesiones, para cancelarlos unilateralmente y establecer límites o suprimir cualquier tipo de pago por daños y perjuicios e indemnizaciones derivados de cancelación y/o cambio de proveedor tan pronto los administradores públicos decreten que sólo busca mejorar la felicidad del pueblo sabio.
Se trata, pues, de la “cláusula exorbitante”.
Ello implicará —de ser aprobada esa reforma y que su aplicación sea avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación—, que la Secretaría de la Función Pública hoy a cargo de Roberto Salcedo, pierda toda razón de ser. De hecho, la Auditoría Superior de la Federación que ahora lleva un muy acomodaticio David Colmenares, sería un cascarón dentro de la Cámara de Diputados. Y es que ya no tendría sentido alguno revisar las compras de medicinas, uniformes, plantas eléctricas arrendamientos de autos o plataformas petroleras, o contratación para la edificación de aeropuertos, trenes o refinerías, pues el poder ejecutivo se habrá desembarazado de todas las molestas ataduras de la rendición de cuentas y de cumplimiento de las condiciones pactadas de proveeduría con personas físicas y empresas.
Conafe se despacha a su gusto
El Consejo Nacional de Fomento Educativo es alumno adelantado de cómo aplicar la “cláusula exorbitante”. A fines del año pasado, la Función Pública balconeó al organismo por hacer una “compra a modo” de 39.1 millones de pesos a favor de una “empresa amiga”, Impregráfica Digital. Se emitió la notificación No. DGCSCP/DI-D/061/2023 a través de la Subsecretaría de Responsabilidades Combate a la Impunidad luego de validar como ciertas las quejas del único competidor, la firma Tercer Escalón, de que la licitación fue amañada. Se ordenó reponer el concurso.
Sin embargo, apenas hace una semana, el miércoles 12 de febrero, la Conafe “repuso el fallo” otra vez a su modo en a licitación No.LA-011L6W001-E147-2022 para darle el gane a Impregráfica Digital luego de detectar de manera casi mágica supuestos fallos en la oferta de la empresa quejosa, Tercer Escalón, y descalificarle con un rosario de
exquisiteces burocráticas: el
supuesto fallo en el gramaje del papel, el presunto vencimiento del documento que acredita contar con los permisos de impresión, y también el vencimiento de los documento que acredita contar con el Código Internacional Normalizado para Libro.
Ninguno de tales defectos fue detectado en la primera contienda y son atribuibles a los propios funcionarios públicos, como el director de publicaciones de Conafe, Pedro López Salas, al demorar el concurso supuestamente por querer dirigir el fallo.
Pero ya con el “fallo repuesto”, la comisión encargada de impulsar la lectura en las comunidades más pobres del país contrató la semana pasada a Impregráfica pese a que su oferta resulta 18.2 % más cara que la presentada por Tercer Escalón.
Una muestra anticipada, pues, de la forma que se harían contratos con el gobierno de aprobarse la reforma administrativa.
@mfloresarellano
floresarellanomauricio@gmail.com
