Hace no más de un mes, el anuncio definitivo de la instalación de la gigafactory de Tesla en Nuevo León fue motivo de alborozo nacional y de congratulaciones políticas de todos los colores; la decisión de Elon Musk y sus socios puso nuevamente a México —pero particularmente a la región norte—, en el mapa de la relocalización de empresas, que dado el constante conflicto de Estados Unidos con China han optado por ampliar o abrir sus nuevas instalaciones en países más cercanos a sus mercados finales y facilidades logísticas para suministros. Pero en unos cuantos días la relación entre México y Estados Unidos ha tendido a empeorar.
Hasta el año pasado Vietnam era el principal competidor de México para la captación de inversión relacionada con el llamado nearshoring, atrayendo ocho de cada 10 dólares de recursos que salieron de China. Actualmente hay nuevos competidores en América: Brasil, Colombia, El Salvador para manufactura ligera y el sur de los Estados Unidos para la atracción de empresas enfocadas a productos de alta tecnología.
La relocalización de inversión caducará máximo en cinco años, por lo que el entorno de competencia tenderá a ser cada vez más reñido con inversionistas más selectivos. El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación que encabeza Luis Hernández ha expresado que en ese lapso se generará un nuevo orden económico mundial al cual México debe incorporarse de la manera más activa posible, y evitar o minimizar las situaciones de riesgo que disminuyan el atractivo de nuestro país.
Paneles e inseguridad
El principal elemento de riesgo para el nearshoring en el país es generado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha llevado a que las representaciones comerciales de Estados Unidos y Canadá estén a un tris de convocar dos paneles de controversia en el marco del T-MEC. En materia energética, si bien se ha distendido el conflicto tras la Cumbre de Líderes de América del Norte de enero pasado, aún persiste la negativa mexicana a dar espacio a la inversión extranjera para la generación independiente de electricidad al mismo tiempo que la Comisión Federal de Electricidad, encargada a Manuel Barttlet. En los próximos días las autoridades comerciales a cargo de Katherine Thai y Mary Ng mandarán un ultimátum a la Secretaría de Economía a cargo de Raquel Buenrostro, advirtiendo que el plazo de análisis y conversación ya se agotó hace más de un mes y que urge una solución antes de entrar a una disputa directa.
En esa misma situación se encuentra el asunto de maíz amarillo transgénico y del glifosato (herbicida de amplio espectro), donde la negativa de México a su importación y uso en territorio nacional está a punto de desatar otro panel de controversias en abril próximo; al no poder comprobar la afectación a la salud humana y/o animal, el gobierno de México expone que las agroexportaciones del país a EU, que suman mas de 11 mil millones de dólares anuales, puedan ser objeto de algún tipo de arancel compensatorio o barrera fitosanitaria.
Los eventos de inseguridad pública, como el secuestro de ciudadanos estadounidenses y canadienses —y su eventual asesinato— en territorio nacional es uno de los motivos por los cuales las empresas internacionales tienen que elevar las primas para beneficio de su ejecutivos que trabajen aquí, además de incrementar hasta 20 % las pólizas de seguro en instalaciones y transporte de mercancías.
Y no menos importante en el mapa de riesgo, los conflictos empresarial-diplomáticos como la ocupación que las fuerzas de la Marina Armada hicieron del muelle de Sac-Tun, Punta Venado, presuntamente para apoyar el desembarco de un navío de Cemex, pero que provocó la airada protesta de Anthony Blinken del departamento de Estado.
Si bien este último evento podría resolverse esta misma semana, el riesgo sobre la continuidad del estado de derecho hace temer sobre el alcance que tendrá el nearshoring en México.
