El pasado fin de semana, la secretaria de energía Rocío Nahle se decantó totalmente a favor de la regenta Claudia Sheinbaum en la gira que esta realizó en Coatzacoalcos y Minatitlán; tanto en el salón del Hotel Terranova, donde hubo desayuno y aire acondicionado para los invitados, y luego en la plaza pública, muy asoleada, fue visible la propaganda, los discursos y las porras para la “corcholata” capitalina. Esta alianza puede ser considerada como de alto riesgo para la generación abundante de energía verde, esa que requerirán las empresas que salen de Asia con destino en América, así como las compañías mexicanas que desean sumarse a la reconformación del bloque comercial de América del Norte a través de la ola conocida como nearshoring.
A principios de año, la agencia de noticias Bloomberg presentó un reportaje en el que expuso con claridad que Sheinbaum Pardo seguía al pie de la letra los teoremas de Andrés Manuel López Obrador en cuanto control mayoritario por parte del estado en la generación de electricidad para devolver a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el papel central en el suministro del fluido… pero además, reforzando el control estatal sobre la electricidad en caso de ganar las elecciones de 2024 a través de privilegiar —ahora sí con una reforma constitucional— el despacho eléctrico de la CFE sobre las empresas privadas existentes. Ese estatismo energético reforzado, por la antigüedad de activos y matriz de generación de la paraestatal a cargo de Manuel Bartlett, implicaría desbancar a las empresas privadas existentes como las francesas EDF, ENGI o las españolas Acciona Energía e Iberdrola… como ya está sucediendo con la compra —a un sobre precio estimado en 40 %— de 13 plantas de Iberdrola, con lo que el estado ya tendrá 55 % de la generación total del país, aunque sin agregar un sólo watt a la capacidad del país.
La estrategia Nahle
La secretaria de energía, junto con Bartlett, fue una crítica feroz al esquema de mercado de energía formado en los últimos 20 años con la participación de empresas privadas nacionales o extranjeras. Es fácil recordar que al inicio de la pandemia de Covid, impulsaron adecuaciones regulatorias para favorecer el despacho de electricidad generada con combustóleo y desplazar a la de origen fotovoltaico o eólico. También fueron autores e impulsores de la Ley de la Industria Eléctrica y de una reforma constitucional para afianzar el control estatal pero que no transitaron en el Congreso de la Unión y sólo avanzó parcialmente en la Suprema Corte de Justicia cuando ésta aún era presidida por Arturo Zaldívar.
La secretaria de energía nunca se mandó sola, sigue las instrucciones de López Obrador… pero fue tal el ardor en cumplirlas que “se le pasó la mano” en el tratamiento a empresas estadounidenses y canadienses que están a nada de iniciar un multimillonario Panel de Controversias contra la política energética por violentar los principios de equidad y competencia del T-MEC.
Su ardor le costó que López Obrador la hiciera a un lado de las negociaciones para la reactivación de permisos de operación de empresas de energía renovable canadienses y estadounidenses luego de la visita de Justin Trudeau y de Joe Biden en enero pasado; la negociación tuvo que ser encabezada por la secretaria de economía, Raquel Buenrostro, pues tanto por el posicionamiento ideológico como por el control de Nahle sobre las agencias reguladoras de la industria (Comisión Reguladora de Energía y Centro Nacional de Control de Energía), era prácticamente imposible reiniciar la operación de esas empresas tal y cómo López Obrador se había comprometido con sus pares.
Así, la estrategia de Nahle, unida a la de Sheinbaum, resultaría en un nuevo impulso estatista que sacaría del mercado a los proveedores que pueden asegurar energía limpia, abundante y de calidad que se requiere para impulsar la inversión en manufactura y servicios.
