El caso emblemático que la exregenta Claudia Sheinbaum eligió para exhibir a los alcaldes panista como políticos corruptos, el de los presuntos “moches” en especie del enorme desarrollo departamental City Towers, al sur de la Ciudad de México, quedó cerrado, por ahora, con un una acusación sobreseída, un acusador bajo revisión judicial, condóminos amonestados pero que recuperan el valor de sus propiedades, un alcalde en funciones (Santiago Taboada) que puede sentir alivió por ese caso en particular, pero otro más –y ocho funcionarios de su administración— encarcelado (Christian von Roehrich) pero que en este desenlace puede encontrar una vía para su liberación.
Pero es sólo el final de una temporada. La regencia interina de la capital de Martí Batres, es muy posible busque más elementos para revivir el llamado Cartel Inmobiliario de los panistas… aunque ya se acabó su caso estrella, el de las gigantescas torres de 782 departamentos de lujo donde tenían declarantes y una amplia operación mediática en la que incluso se involucró la edición mexicana del periódico español El País.
La acusación de corrupción buscó golpear en la línea de flotación la credibilidad de las administraciones blanquiazules y aliancistas precisamente en el reducto más duro de la ciudad donde ni en su momento el Partido de la Revolución Democrática ni luego Morena han podido ganar la conducción de gobierno: la alcaldía Benito Juárez, considerada como epicentro de la clase media de la Ciudad de México y donde se registra el más alto nivel de desarrollo humano del país.
Los hechos son contundentes y validados por la propia Fiscalía General de Justicia de la CDMX, pese a la conexión ideológica de la fiscal Ernestina Godoy con Sheinbaum: se demostró que la supuesta construcción excesiva e ilegal de 400 metros adicionales en 20 departamentos con que el GAP Inmobiliaria habría sobornado a los alcaldes y funcionarios de Benito Juárez para que les permitieran construir más departamentos que los contemplados en la licencia de obra, resultó ser tres bloques de techados en la zona de recepción que fue ordenado y pagado por la Asamblea de Condóminos.
El director de GAP Inmobiliaria, Dionisio González García, se apegó al llamado criterio de oportunidad ante la FGJCDMX para evitar enfrentar un proceso en prisión, y las acusaciones que se le hicieron por parte de un vecino de esas torres, Rodrigo Muñoz Dromundo, quedaron desmentidas por lo que su caso quedó sobreseído.
Claro, eso sí, González García podrá ser llamado a declarar en otros casos donde haya participado GAP y el gobierno capitalino sospeche entrega de sobornos a cambio de permitir sobredensificar -meter más metros de construcción- un proyecto aunque ello merme la calidad de los servicios urbanos y la movilidad.
Los vecinos y Dromundo
En 2022, Muñoz Dromundo inició las denuncias de la presunta sobredensificación lograda a punta de sobornos, con lo que se abrieron las carpetas de investigación contra los socios de GAP y funcionarios de la alcaldía Benito Juárez, incluyendo a Santiago Taboada; Muñoz Dromundo también lanzó una intensa campaña mediática que fue potenciada por medios afines a Claudia Sheinbaum bajo la etiqueta de “Cartel Inmobiliario”. Pero lejos de ser aclamado como representante de los condóminos, el personaje se convirtió en la peor pesadilla de sus vecinos.
Las acusaciones de “overbuilding” se convirtieron en el peor enemigo de los demás propietarios pues vieron caer 20% el valor comercial de sus departamentos por el descrédito público judicial. Por ello, unos 250 propietarios firmaron un documento desconociendo a Muñoz Dromundo como su representante y lo acusaron de haber montado el caso para obtener un beneficio personal denunciando a GAP.
Hoy en denunciante está bajo revisión en la FGJCDMX por presunta falsedad de declaración, lo cual puede tener efectos penales punitivos, incluida cárcel. Resulta que la sobredensidad que se incluyó como una de las acusaciones contra el ex alcalde Von Roehrich y 8 de sus funcionarios y como parte del embate político del gobierno morenista de Sheinbaum contra el panista Taboada, nunca existió.
La Fiscalía tan estuvo de acuerdo con los dictámenes técnicos que impuso a los vecinos una sanción reparatoria del daño por 5 millones de pesos por colocar techados sin los permisos correspondientes.
En términos procesales, Von Roehrich y sus funcionarios pueden argumentar que una de las acusaciones es falsa y por tanto se violó el debido proceso, por lo que podrían demandar que se les deje en libertad y ser resarcidos.
Por su parte, Taboada ya brincó esa acusación. Pero, considerando que es uno de los posibles candidatos de la Alianza por México para contender por el gobierno de la CDMX, es factible que la actual administración a cargo de Batres intente nuevamente ponerlo en presidio.
@mfloresarellano
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