En este momento, de manera discreta, circula un proyecto de decreto presidencial en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria que tiene por objetivo ampliar el objeto social de la Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos para que no sólo administre esa infraestructura y que pueda “construir, administrar, operar, explotar y brindar mantenimiento” así como prestar servicios especializados como un “sistema de telepeaje propio”; y considerando el desastre que ha sido la administración de Julita Veites —médico homeópata de carrera y quien en esta administración se estrenó como director del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores— y que tiene al organismo al borde de la quiebra, no es imposible que Andrés Manuel López Obrador transfiera el “Capufe Ampliado” a la esfera de la Secretaría de la Defensa Nacional.
A principios de este año se supo que de manera misteriosa, al inicio de las festividades navideñas, exactamente el domingo 4 de diciembre un incendio consumió una de las instalaciones de Caminos y Puentes Federales en Chamilpa, Cuernavaca. El evento prácticamente paso desapercibido y sólo hay referencias aisladas del evento en la prensa morelense…
pero la conflagración fue en las oficinas de la contraloría del organismo y consumió estados de cuenta, contratos, denuncias contra algunos funcionaros, así como los expedientes de litigios con proveedores y operadores de sistemas de telepeaje. De manera conveniente quedaron reducidas a cenizas pruebas que la pudiesen comprometer por el manejo desastroso del organismo que perdería casi dos mil millones de pesos por el rudimentario sistema de pago de peajes que principalmente hace en efectivo prácticamente en todas las plazas de cobro por la carencia de equipamientos en sitio y de administración central.
Se calcula que cerca del 80 % de la cobranza se hace en efectivo, lo cual ha derivado en desfalcos de todo tipo… desde los robos hormiga por parte del personal de cobro como por directivos —amigos de la actual directora— para “apoyos electorales”.
En medio del desastre administrativo, Capufe ha impedido, por ejemplo, realizar los contratos multianuales para mantenimiento, reparación y operación en diversas regiones del país. Es donde la propuesta de decreto abre la puerta para que la actividad pase a la órbita de las fuerzas armadas.
Vaya, la Secretaría de Defensa Nacional a cargo del general Crescencio Sandoval ya construye a través de subcontratación de privados (AIFA, Tren Maya, el Aeropuerto de Tulum) y buscan administrar negocios a través —incluyendo próximamente una aerolínea comercial— del Consorcio Maya Olmeca Mexica que encabeza el general René Trujillo.
El énfasis de dicho consorcio está en los negocios de transporte y aprovechamiento de la infraestructura relacionada. Si a esto se agrega que por desgracia existen amplios tramos carreteros donde domina el crimen organizado tanto para robo de vehículos, secuestro, extorción y trasiego de mercancías ilegales, no será nada extraño que en aras de la llamada “seguridad nacional” Capufe pase a la administración militar. Claro, habría que ver cómo tratarían las fueras armadas a grupos criminales que toman vías federales, como la Autopista Morelos-Acapulco por parte de el Grupo Los Ardillos.
Peligro sobre ruedas
La carretera más peligrosa en cuanto a robo y asesinato del país es el Circuito Exterior Mexiquense; independientemente de que sea una autopista concesionada al fondo de inversión Aleatica y su costo se elevado, es donde sucede el mayor número de asaltos a tractocamiones de carga y vehículos de personas al punto que el general Isidoro Pastor, director del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, tuvo que establecer un acuerdo de seguridad con la Guardia Nacional y las policías del estado de México, Hidalgo y Ciudad de México para garantizar el transito seguro en esa vía así como en la México-Pachuca, la tercera más insegura del país.
¿Otra expropiación a la vista?
No es gratuito que en días pasados López Obrador haya hablado sobre la necesidad del estado mexicano de “rescatar” concesiones carreteras por el “gran negocio” que de ellas hacen los privados en demérito del servicio y la seguridad de los viajeros y sus cargas. Y es que la información que Veites hace llegar a Palacio Nacional es que Capufe tiene capacidad de mejorar el desempeño de los concesionarios privados y de momento ha enfocado sus críticas a ciertos tramos en el norte del país, como los que maneja Grupo Marhnos, de Nicolás Mariscal, en Tamaulipas e incluso de Pinfra de David Peñaloza. Sin embargo, no es imposible que la presión se haga extensiva a otras concesionarias privadas.
Se trata, empero, de una discurso que busca encubrir el fracaso administrativo y de operación que incluye también el fracaso del sistema de cobranza vía telepeaje contratada con Sise —a cargo de Roberto Rodríguez— que ha generado la merma de los ingresos de Capufe mediante cobros en efectivo. Los fallos son notorios en la falta de recursos para mantenimiento y conservación, así como en pleitos con proveedores por casi dos mil millones de pesos que amagan con hundir el balance financiero de la entidad.
Sólo un empujoncito más —de manera voluntaria desde Palacio Nacional—, y la infraestructura carretera federal pasaría a la administración castrense.
