El más fuerte reclamo en las más recientes reunión de la encargada de Caminos y Puentes Federales —la médico homeópata Julita Veites— con los responsables operativos y financieros de la red carretera federal, fue por la falla del sistema de cobranza electrónico y el consecuente robo hormiga por cobro en efectivo en casetas, que genera tal cantidad de pérdidas que puede deteriorar la calidad de los activos financieros con que el Fonadin, a cargo de Omar Ortíz, respalda la ya de por sí onerosa adquisición de 13 plantas generadoras que fueron propiedad de Iberdrola.
No hay mucho secreto en ello: de los seis mil millones de dólares destinados para adquirir los activos de la empresa hispana que encabeza Ignacio Sánchez, la mitad son aportados por el gobierno federal a través de la SHCP que lleva Rogelio Ramírez de la O, mientras que la otra mitad es financiada a través de un crédito estructurado donde participan Barclays y BBVA….., y cuyo colateral como fuente de pago es el Fonadin.
Ese fondo, como tal, garantiza con sus ingresos el pago del crédito sindicado de tres mil millones de dólares. Y una de sus fuentes de ingresos más importantes son los que obtiene la red carretera administradas por el mismo Fonadin y de Capufe.
Actualmente es evidente el abandono de los sistemas de telepeaje. Ha sido tan grande al grado de haber extendido por otros dos años —aún en contra de la ley de contratación y obra pública— el contrato con Sise que lleva Roberto Rodríguez, debido a que la administración de Capufe fue incapaz de cumplir su promesa de desarrollar su propia solución tecnológica desde hace año y medio. Se puede afirmar que el sistema de cobro electrónico está prácticamente desmantelado y su falta de actualización es una de las razones por las cuales se forman largas filas de autos, camiones y trailers en las casetas de cobro, que en puntos como el cruce en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, que puede tardar hasta hora y media el tiempo para pagar y seguir adelante.
Y no había mucho que esperar de esa promesa de desarrollo tecnológica dado que desde su arribo a la dirección Capufe, Veites colocó a sus amigues, como a María Guadalupe Cano (exesposa de Jorge Arganis) en puestos clave —como la dirección de administración del organismo—, además de desmontar los equipos de trabajo en las áreas de operación y tecnología liderados por especialistas con hasta 30 años de experiencia con la finalidad de colocar “personas cercanas al movimiento”.
Todo ello ha creado una situación que puede derivar en la quiebra financiera de Capufe y así afectar una de las fuentes de fondeo de la compra de activos eléctricos que Andrés Manuel López Obrador presentó como una “nueva nacionalización”, la de un “rescate ferroviario”.
Capufe, 2mmdp de pleitos por reventar
Otro de los temas que están generando una tensión financiera al interior de Capufe son la cantidad de pleitos judiciales que están por reventar y ante los cuales el organismo no tiene una reserva financiera debidamente soportado; los pasivos judiciales en riesgo son 1.96 mil millones de pesos (casi dos mil millones de pesos) según uno de los más recientes reportes del subdirector de finanzas, Andrés Aguayo y la gerente de contabilidad, María Isabel de la Garza.
Si se considera que los conflictos de Capufe están por reventar en el plano financiero, los pasivos judiciales pueden derivar en una carga tan grande que no haya manera que el cargo pueda saldar ese pasivo.
En términos prácticos significa que la entidad de gobierno está al borde de una quiebra judicial y financiera.
Y luego, a ver qué sucede con las carreteras que conectan todo el país.
