A finales del año pasado la Comisión de Vigilancia de la Auditoría de Superior de la Federación, a través de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) que conduce Ricardo Palma Rojas, dio a conocer un reporte preocupante: van a la baja los trabajos de la revisión de las cuentas públicas, con lo que Auditoría Superior de la Federación (ASF) de David Colmenares deja abierta la puerta de par en par a la impunidad en actos de corrupción cometidos contra los recursos de los contribuyentes.
Y curiosamente, la ASF metió el acelerador —no se dio vacaciones— en los trabajos de fiscalización a fin de que los funcionarios sujetos a revisión tuviesen más tiempo para “limpiar” las auditorías que resultasen complicadas de solventar y/o políticamente comprometedoras.
Vaya, la ASF se apuró a efectuar las auditorías —casi todas de desempeño y unas cuentas de las comprometedoras de tipo financiero— al ejercicio presupuestal 2022; fuentes del organismo a cargo de David Colmenares Páramo revelan que con ello prácticamente habrá saldo blanco al cierre de sexenio de Andrés Manuel López Obrador… y por lo que en el ente fiscalizador, a diferencia de otros finales de sexenio, no será fuente de tronadores escándalos de corrupción real o supuesta.
Sin embargo, para poder ejecutar la “Operación Limpieza” como es debido y a fondo, Colmenares Páramo publicó el pasado primero de diciembre en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se habilitan días declarados no laborables en la Auditoría Superior de la Federación para efectos del cumplimiento de las atribuciones que tienen conferidas la auditoría especial de cumplimiento financiero y sus direcciones generales para el año 2023”… o sea que se trabajó en las vacaciones navideñas para ganar tiempo para cerrar los informes de resultados y tener tiempo suficiente para ejecutar la “Operación Limpieza” con los funcionarios de las entidades auditadas que, como Segalmex, el Banco del Bienestar o las opacas compras de medicamentos a cargo de lo que fuera el INSABI son tiraderos difíciles de recoger.
Y vaya que la ASF se apuró en preparar el próximo Informe de Cuenta Pública a presentarse en febrero próximo, pues las revisiones hoy concluidas empezaron en marzo de 2023.
Para lograr tan relevante finalidad, nos cuentan, Colmenares cuenta con dos operadores clave: Nemesio Ibáñez, auditor especial el seguimiento (y al que los diputados de oposición le señalan por rezagar más de 9 mil asuntos y que rebajó a 2 mil millones de pesos los hechos punibles en el caso Segalmex) y a Claudia Bazua Witte que funge como auditora especial de cumplimiento financiero.
El tamaño del indulto
El último reporte de la UEC fue notablemente reseñado por Gerardo Lozano Dubernard, exdirector de la Unidad de Cumplimiento de la ASF, en su columna de inicio de 2024 publicada en El Universal.
Señala que la UEC apunta que el auditor superior dio a conocer el menor número de asuntos —donde se presumen irregularidades en el manejo de recursos públicos— de los últimos nueve años… y para rematar, con el menor monto observado desde la revisión de la cuenta pública de 2018, el último año de Enrique Peña Nieto.
Por si fuera poco, Lozano Dubernard apunta que el número de asuntos con posibles irregularidades en la Cuenta Pública 2021 disminuyeron a menos de la mitad respecto a los señalados en la fiscalización 2016: se pasó de 2,810 a 1,326 expedientes, una disminución equivalente a una rebajita de a 100,000 millones de pesos de asuntos eventualmente observables y punibles.
Y en cuanto a las sanciones, los informes de la UEC apuntan que de las 1,178 denuncias presentadas por la ASF ante la Fiscalía General de la República y que involucran 89,319 millones de pesos, sólo se han emitido 24 lánguidas sentencias… de las cuales 17 han sido condenatorias y 7 absolutorias. O sea que la portentosa ASF sólo tiene un impacto de justicia en 1.4% de los recursos presuntamente desviados.
@mfloresarellano
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