En lo que sería un nuevo revés para uno de los proyectos favoritos de Andrés Manuel López Obrador, esta semana se podría dejar de importar piedra balasto de Cuba para el Tren Maya, sumándose ello a los tropiezos que han rezagado y encarecido la ejecución del proyecto: los barcos Melody y Gazibey están frente a las costas de Quintana Roo desde enero pasado sin que hayan podido desembarcar más que unas cuantas toneladas de esa piedra para el Tramo 5, y debido a que sus contratistas se niegan a pagar una deuda de 8 millones de dólares, están a punto de cerrar compuertas y zarpar de regreso a Cuba.
El origen del conflicto está en la incapacidad de diversas instancias del gobierno federal para contar con un muelle cercano a Puerto Morelos con capacidad de recibir barcos de ese calado.
De hecho, el gobierno obradorista se autosaboteó con el cierre del único muelle industrial de la zona, el de Sac-Tun antes Calica, con la decisión de clausurar la operación minera de Vulcan Materials —encabezada por Thomas Hill— por presuntos daños ambientales que argumentó la Secretaría del Medio Ambiente. El cierre se efectuó en mayo de 2022 sin que los expertos de la dependencia a cargo de María Luisa Albores hayan realizado una inspección de impacto ambiental y dio origen a que Vulcan iniciara un litigio de arbitraje internacional con lo que demanda a México una indemnización de mil 900 millones de dólares, argumentando entre otras cosas que el cierre de sus explotación minera respondía a los intereses del Grupo Vidanta (cuyo presidente, Daniel Chávez, es asesor empresarial para el Tren Maya) por construir en ese sitio un complejo de atracciones turísticas.
La clausura de Sac-Tun, sin embargo, implicó cerrar el puerto industrial adecuado para mover dos millones de toneladas de balasto requerido para estabilizar las vías del Tramo 5. Actualmente la piedra que se traslada es desde Puerto Progreso, con no mas de 30 mil toneladas, a casi 350 kilómetros de distancia de los frentes de obra y con costo de flete que supera ampliamente el costo mismo de la piedra.
Empero, en el autosabotaje portuario, hay una red de intereses empresariales que también amenazan el cumplimiento del proyecto de López Obrador y que sólo, por ahora, Fonatur de Javier May, puede resolver antes de que el fracaso sea inevitable.
INDI-Santo Domingo, MIDE y Fonatur
El Grupo INDI, de Manuel Muñozcano, fue contratado por la Secretaría de la Defensa Nacional, de Luis Cresencio Sandoval, para realizar el tramo que corre de Cancún hasta Bacalar. Ante las dificultades de acarrear la piedra desde los yacimientos veracruzanos de Balzapote y Motzorongo (por abusos de los sindicatos transportistas y todo tipo de extorción en el trayecto a Quintana Roo), se decidió comprarlo en la costa de Cienfuegos, Cuba. Para movilizar la piedra se asoció con una empresa intermediaria, Santo Domingo de Luis Alavés.
Santo Domingo compró la piedra a la dictadura de Miguel Díaz-Canel y contrató a la empresa de servicios marítimos y comerciales MIDE. Para ello se dio un adelanto de cuatro millones de dólares, aproximadamente, equivalente al 20 % del contrato. Sin embargo, INDI-Santo Domingo no pudieron procurar el puerto de descarga de los barcos Melody y Gazibey, siendo que cada uno cuestan cerca de 100 mil dólares diarios por el sólo hecho de estar atracados sin poder mover la carga. De ahí que se haya acumulado una deuda estimada en ocho millones de dólares, pero que no es reconocida por INDI-Santo Domingo.
Incidente internacional
A la falta de pago, los navíos están por retirarse y propinar otro golpe a los tiempos de ejecución de Tren Maya que, según López Obrador, entrará en operación en diciembre próximo. En estos momentos, sólo la gestión de Fonatur puede impedir una situación que, paralelamente, abriría un capítulo de desencuentro entre gobierno de México y sus aliados cubanos.
A este conflicto internacional se podría agregar otro más si el fletador, MIDE, entrega los barcos a las capitanías de puerto de Puerto Morelos (en el caso del barco Melody) y de Chetumal (para el caso del Gazibey); en ese conflicto se vería involucrada la Marina Armada de México que tiene en su responsabilidad a la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, dirigida por la capitana Ana Laura López.
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