Luego del asesinato de dos de sus integrantes y el desplazamiento de otro más, el medio de comunicación digital Monitor Michoacán Noticias cerró su edición, con lo que “la sociedad de Zitácuaro perdió. El periodismo pierde y, aunque no lo crea, el gobierno también”, expuso la periodista Dalia Martínez.
Balbina Flores Martínez, representante de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en México, criticó que el gobierno mexicano intenta “lavarse las manos” al responsabilizar a Armando Linares López, quien fue director de Monitor Michoacán Noticias, de haber sido asesinado por no tomar las medidas cautelares ofrecidas a través del Mecanismo de Protección a Periodistas.
“Es una manera de lavarse las manos de una manera irresponsable, porque lo primero que salieron a decir es que Armando no aceptó las medidas, pero no las aceptó, ¿por qué? Es una pregunta que tenemos que hacer al Mecanismo de Protección”, cuestionó.
“Lanzan esta información como diciendo el gobierno no es responsable porque él no aceptó. Esa es una manera de criminalizar a alguien que ya no puede dar su versión de decir qué fue lo qué pasó”, expuso.
Flores Martínez aclaró que Linares López no aceptó la protección debido a que desconfiaba de las autoridades de Michoacán.
En la conferencia matutina, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, anunció la detención de 16 personas por el asesinato de seis periodistas; sin embargo, la representante de RSF contradijo la cifra, al considerar que van nueve detenidos.
Además, lamentó que el gobierno federal no reconozca a dos periodistas que también fueron asesinados este año: a Roberto Toledo, de Monitor Michoacán; y Jorge Luis Camero, del portal de noticias El Informativo.
“Roberto era un periodista que no firmaba sus notas… Y tampoco están contabilizando a Jorge Luis Camero, de Sonora, que también salieron a decir que era funcionario. Jorge Luis ya no era funcionario desde hace casi un mes cuando lo matan, entonces, ¿por qué decir que era un funcionario?”, cuestionó.
Al no indagar a los autores intelectuales que dieron la instrucción de asesinar a los comunicadores, y sólo concentrarse en los materiales, el gobierno mexicano tiene una deuda con los familiares y el gremio, expuso Flores Martínez.
“Hay una deuda ahí pendiente. Lo que ellos están haciendo es decir: ‘detuvimos a dos, o tres’, pero no se está siguiendo la investigación de los autores intelectuales. Tenemos asesinos potenciales en la calle que matan periodistas que no están siendo investigados”, criticó.
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