Conforman el 6.2 % de la población total mundial, pero los pueblos indígenas están siendo afectados en el 33.9 % de los conflictos ambientales. Esta es la principal conclusión del análisis cuantitativo más grande sobre las cargas socioambientales que soportan estas poblaciones.
Entre los 10 grupos indígenas más afectados, según esta investigación publicada hoy en la revista Science Advances, se encuentran los mayas quiché (Q’eqchi’), que habitan al sur de México y en Centroamérica, además de otras etnias de Latinoamérica como quechuas, en Bolivia; mapuches, en Chile y partes de Argentina; aymaras, en Bolivia, Perú, Chile y Argentina, y guaraníes, en Paraguay, Argentina, Brasil y Bolivia.
Según el Environmental Justice Atlas (EJAtlas), durante la última década se han identificado y mapeado tres mil 81 conflictos socioambientales en el mundo en torno a proyectos de desarrollo industrial y extractivo; mil 44 de ellos afectan directamente a poblaciones de los 740 grupos indígenas, que representan alrededor del 15 % de los aproximadamente cinco mil grupos que hay en el mundo.
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Ocho de cada 10 conflictos ambientales registrados se relacionan con únicamente cuatro actividades económicas. La minería es el sector que más frecuentemente impacta a los pueblos indígenas (24.7 %), por delante del sector de combustibles fósiles (20.8 %), el sector agricultura, silvicultura, pesca y ganadería (17.5 %), y la construcción y explotación de presas hidráulicas (15.2 %).
Sin embargo, las principales afectaciones las producen los proyectos relacionados con el sector agrícola, forestal, pesquero y ganadero, ya que, por ejemplo en 69 % de los casos provocan la pérdida de medios de subsistencia, mientras que el promedio para proyectos de otros sectores es de 52 %. De la misma manera, el 74 % provoca deforestación y despojo de tierras y en 69 %, pérdida de biodiversidad, en comparación con 56 % y 50 % del promedio de otros sectores.
“Los gobiernos deben aplicar una política de tolerancia cero hacia las violaciones de los derechos indígenas y buscar acuerdos comerciales que estén condicionados al cumplimiento de las responsabilidades de la Declaración de la ONU por parte de las empresas involucradas”, señala el equipo en el reporte de investigación.
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