La Fundación Mary Street Jenkins acusó al gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta, de estructurar una “persecución política” y de ocupar el cargo que ostenta para fabricar las órdenes que ayer se dieron a conocer en contra del exrector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y otros exfuncionarios de la institución, a quienes se les acusa de su presunta responsabilidad en el delito de fraude específico por más de 100 millones de pesos.
“La Fundación M. S. Jenkins reitera de manera energética que hay una suspensión de amparo vigente que debe cumplirse y por eso se denunciará a los litigantes involucrados con los jueces 24 y 60 civiles de la Ciudad de México que forman parte de una red de complicidades impune hasta el momento”, advirtió la fundación al enfatizar la posible colusión entre jueces y abogados del patronato que habría avalado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla, tras la toma del campus del pasado 29 de junio.
En su pronunciamiento, la Fundación Jenkins que ha respaldado el Patronato presidido por Margarita Jenkins de Landa, reiteró que, pese a haber obtenido la suspensión vigente de un juez federal con la cual se ordenó la devolución de las instalaciones de la UDLAP, señaló a los despachos a cargo del exsenador Roberto Gil Zuarth y de Rodrigo Gurza, así como de Guillermo Barradas de estar vinculados a “la reiterada e ilícita” violación de dicha resolución.
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