La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el fuero constitucional es irrenunciable, por ser una protección procesal cuya finalidad es garantizar la independencia, autonomía y funcionamiento adecuado de las instituciones del Estado. Los ministros de la Segunda Sala desecharon así el amparo promovido por 17 senadores de PRD, PT, Morena y un independiente, quienes en 2016 anunciaron que renunciaban a su fuero. Para legalizar el acto, los senadores entre ellos Mario Delgado, Dolores Padierna, Iris Vianney Mendoza, Raúl Morón y Armando Ríos Piter impugnaron el Acuerdo de la Mesa Directiva del Senado del 29 de septiembre de ese año, mediante el cual se negó dar trámite a su escrito de renuncia a la protección procesal prevista o fuero constitucional, ello conforme a lo que establece el Artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al resolver el amparo en revisión 1344/2017, el Pleno detalló que el fuero participa en una cuestión de orden público que no es renunciable por un servidor, al existir un interés superior sujeto de protección que no puede dejarse de lado. A la par, los ministros establecieron que la renuncia planteada por los senadores morenistas, perredistas, no es factible de acuerdo con el marco constitucional vigente que regula esta figura, diseñada para proteger la función desempeñada, en este caso respecto al cargo de senadores del Congreso de la Unión. El fuero constitucional, agregaron, se concede a los funcionarios no en su interés personal, sino en conexión con las funciones públicas que desarrollan y para proteger éstas, sin que la autoridad jurisdiccional o cualquier otro órgano como la Mesa Directiva de dicha Cámara, pueda desconocerlo. El proyecto de sentencia lo elaboró el ministro José Fernando Franco González Salas Los legisladores se inconformaron ante el máximo órgano judicial del país, bajo el argumento de que la figura del fuero representa un privilegio indebido que los aleja de la ciudadanía. Delgado, Padierna, Morón, Ríos Pitter entre otros señalaron entonces que “fomenta la corrupción y la impunidad entre quienes lo ostentan” y es contrario a los principios de transparencia.