Los ataques provienen de distintos frentes: grupos criminales locales, pandillas y organizaciones trasnacionales, que asaltan, extorsionan, violan, secuestran, desaparecen o asesinan a los migrantes. Y todo esto ocurre con mayor intensidad en cinco estados del país: Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Este es el panorama con el que lidian los migrantes provenientes de Centroamérica, principalmente originarios del llamado Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) que han sido identificados como los más vulnerables. ›Las alarmas están encendidas especialmente en la franja fronteriza del sur de México, donde de acuerdo con el informe titulado Crimenorganizado y migración centroamericana en México, elaborado por el Centro Robert Strauss para la Seguridad Internacional y el Derecho de la Universidad de Austin, Texas, “estos estados presentan el mayor riesgo de crímenes contra migrantes, tales como asalto, extorsión y asesinato”. Estos crímenes, añade el documento, “pueden ocurrir con mayor frecuencia en esta región, ya que los migrantes a menudo se desplazan a pie o en tren. Los esfuerzos de acciones de migración del Instituto Nacional de Migración en el sur de México también orillan a los migrantes hacia grupos criminales”. 607 mil 474 migrantes provenientes de Centroamérica fueron detenidos entre 2013 y 2017 Aunque una de las metas del gobierno de Enrique Peña Nieto fue la protección a los derechos humanos de los migrantes y garantizar la seguridad en la frontera, ninguno se cumplió. En el 6o. Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto no se reconoce la situación crítica que persiste en la región sur, sólo plantea que se dio atención prioritaria a 23 municipios fronterizos a través de jornadas sociales itinerantes, consultas médicas, rehabilitación de 20 escuelas, se entregaron 11 comedores comutarios y actividades diversas para impulsar el desarrollo regional. Menciona también que dentro del llamado Programa Frontera Sur se iniciaron 40 carpetas de investigación que dieron como resultado la detención de 59 personas, producto de 308 operativos; pero solamente “tres expedientes fueron presentados ante el órgano jurisdiccional obteniéndose tres sentencias condenatorias”. Como parte de las previsiones del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la situación en la región fronteriza del sur del país podría implicar una doble presión. Primero, por el aumento en los flujos de nacionales centroamericanos, principalmente de El Salvador y Guatemala, como da cuenta el informe del Centro Robert Strauss; aunado al acoso diplomático y político por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos a fin de que México “selle la frontera sur e instrumente acciones de vigilancia extrema”, para enfrentar potenciales amenazas asociadas al terrorismo y al crimen organizado.
Rutas más riesgosas
El documento de la Universidad de Austin, que utilizó la denominada Base de Datos de Riesgos Migratorios de América Central (CAMRD, por sus iniciales en inglés) para dar seguimiento a las agresiones, advierte que, según el registro de los casos, los migrantes víctimas de delitos varia según las regiones, pues además de que las zonas fronterizas tanto en el norte como el sur del país resultan “particularmente peligrosas para los migrantes”, también lo son el corredor del Golfo de México a través de Veracruz hacia la frontera estadounidense.
Pero los riesgos no son los mismos, ya que la ruta del Pacífico a los Estados Unidos, donde los migrantes se mueven a través del territorio con mayor presencia del cártel del Pacífico, “generalmente es menos peligroso para los migrantes que la ruta del Golfo de México, que lleva a los migrantes a transitar por territorios con mayor actividad y poder de los grupos escindidos de los Zetas y el cártel del Golfo”. Aunado al acoso criminal, generado tanto de grupos locales, pandillas más organizadas, así como cárteles transnacionales, los migrantes deben lidiar con los constantes operativos de detención por parte de las autoridades mexicanas en la frontera sureña. De acuerdo con reportes de la Organización Internacional para las Migraciones el número de detenciones de extranjeros provenientes del Triángulo Norte entre 2013 y 2017 ascendió a los 607 mil 474; siendo 2017 el de mayor número con un total de 177 mil 949 migrantes. 261 mil 712 de los migrantes detenidos entre 2013 y 2016 son de Guatemala Por país de origen, los migrantes guatemaltecos es la nacionalidad con más detenciones en los últimos cincos años, con un total de 261 mil 712; seguidos de los originarios de Honduras con 226 mil 700, y en tercer lugar los provenientes de El Salvador al sumar 119 mil 062 detenciones. Entre las causas de esta migración que identifica el Centro Robert Strauss, a partir de los indicadores, se deben principalmente a motivos “complejos que están (generalmente) interrelacionados”, que tienen que ver con los altos niveles de pandillas y violencia doméstica, pobreza y subdesarrollo, y reunificación familiar. No obstante, reconoce que, “estos factores son ni exhaustiva ni mutuamente excluyente, ya que los migrantes pueden abandonar el Triángulo Norte por una combinación de estos factores o por otros motivos”.
Tensión fronteriza
La frontera muestra un escenario de mayor peligrosidad. Por ejemplo, el pasado 25 de julio, en Bárcena, Villa Nueva, al sur de la capital de Guatemala, “grupos de vecinos organizados” decidieron tomar las armas bajo el argumento de auto protegerse de la violencia en sus comunidades en una suerte de grupos de autodefensa. Para las autoridades locales, la presencia de estos encapuchados con armas de alto calibre generó una alarma al considerar que estos brotes pueden ser parte o convertirse en organizaciones criminales que pretenden hacerse del control territorial. En lo referente a la frontera México-Guatemala, el informe “crimen organizado y migración centroamericana” señala que son las pandillas como la Mara Salvatrucha MS-13 o de la calle 18 son los principales agresores de migrantes; aunque “no parecen tener una fuerte presencia fuera de la región fronteriza debido a la existencia de poderosos organizaciones criminales como Los Zetas que limitan sus actividades al norte de esta área”. Precisamente el viernes 17 de agosto, el gobierno de Guatemala fue el encargado de revelar el saldo de una inédita operación conjunta con las autoridades policiales y ministeriales México, Costa Rica, Colombia y Ecuador que resultó en la desarticulación de una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, incluyendo las fases desde la producción, transporte, seguridad, distribución, financiamiento y lavado de las ganancias ilícitas obtenidas. Por la capacidad de logística y acciones emprendidas en cada nación involucrada la operación fue denominada como Arpón de Neptuno.
De acuerdo con el balance concretado tres días de que se diera a conocer la información, el modus operandi de esta organización que con base en la indagatoria mantenía alianzas con el cártel de Sinaloa o cártel del Pacífico, en la facción que actualmente encabeza Ismael El Mayo Zambada, el cártel obtenía los narcóticos de laboratorios clandestinos de procesamiento y refinamiento de cocaína, en la zona montañosa del sector de Tumaco, Colombia, donde integrantes de los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), están abocados directamente a la producción de cocaína y mariguana.
Chema se radicó en Colombia desde inicios de 2017, a fin de mantener el control de la producción y transporte en el sur del país, así como mantener un lugar seguro para recibir emisarios extranjeros. Equipo Conjunto de Investigación.
Desde las costas del Pacífico, en los distritos de Tumaco, Colombia y Esmeraldas, en Ecuador, a través de lanchas rápidas y semisumergibles la mercancía era enviada hacia Centroamérica (Costa Rica, Guatemala y México) con destino final hacia Estados Unidos. “Se trató de una operación internacional de cooperativa entre estos cinco países en la que como se dio cuenta de las incautaciones internacionales, muchas de ellas tuvieron cuenta desde el año pasado, pero en el caso de Guatemala las acciones de incautación se remontaron desde el año 2015”, detalló a este periódico una fuente ministerial de Guatemala. De acuerdo con el trabajo de inteligencia realizado por el Equipo Conjunto de Investigación, integrado por fuerzas policiales y fiscalías de los cincos países firmantes de un acuerdo interinstitucional internacional se trataba de un guatemalteco apodado El Chema, quien lideraba la red de tráfico y, a su vez, era socio del capo mexicano El Mayo Zambada. “Chema, se radicó en Colombia desde inicios de 2017, a fin de mantener el control de la producción y transporte en el sur del país, así como mantener un lugar seguro para recibir emisarios extranjeros que concretaran las negociaciones y de esta manera obtener una mayor ganancia en los narcóticos comercializados en México”, indicaron las autoridades.
El comunicado estableció además que “la ejecución de esta investigación transnacional deja al descubierto una estructura criminal internacional, que contaba con la capacidad de producir una tonelada de clorhidrato de cocaína y movilizar sumas de hasta dos millones de dólares en escasos tres días, organización que fue desarticulada y puesta a órdenes de las autoridades competentes de México, Guatemala, Costa Rica, Colombia y Ecuador respectivamente”.
