Un Tribunal Colegiado en materia de Competencia Económica resolvió que los amparos otorgados por el juez Juan Pablo Gómez Fierro contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) impulsada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, según la Constitución y la Ley de Amparo contienen la “Fórmula Otero”, es decir, que suspensión es exclusiva para la empresa solicitante y no para toda la industria como lo señaló el togado.
“Consideraciones esenciales de la sentencia: Son fundados los agravios de las autoridades recurrentes. En efecto, los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73 de la Ley de Amparo, contienen la llamada Fórmula Otero o principio de relatividad de los efectos de la sentencia que consiste, esencialmente en que las que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos que lo hayan solicitado”, señaló el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la república.
›Así, agregó el Colegiado ciñéndose a las reglas de estos juicios: “los jueces de amparo no pueden ordenar directamente en sus sentencias la protección de los derechos de personas que no hayan acudido al juicio de amparo”.
Después de que el partido en el poder, Morena, utilizó su mayoría en el Congreso para aprobar en fast track la reforma a la LIE que impulsó López Obrador, más de 18 empresas promovieron juicios de amparo, entre ellas Eoliatec del Pacífico, Eólica Santa Catarina, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, y el también juez especializado Rodrigo de la Peza López Figueroa, también recibió otros juicios. Hasta el miércoles sumaban 26 suspensiones provisionales.
Gómez Fierro y De la Peza López otorgaron los amparos al considerar que debían aplicarse de manera general porque quien tramita el juicio no sólo se les otorgaría una ventaja competitiva frente a los demás participantes de la industria eléctrica, sino que, además, podría ocasionar distorsiones en el mercado. Pero este argumento no fue válido para el Tribunal Colegiado y resolvió como lo pedía el presidente López Obrador.
