La gestión de la inmigración continúa siendo uno de los temas más complejos y divisivos en la Unión Europea (UE), alimentando además el discurso de la ultraderecha.
Aunque la posibilidad de cerrar un pacto migratorio, en proceso desde 2020, parecía cercana hace poco más de una semana, la reciente postura más rígida de Francia ha suscitado nuevas complicaciones.
Francia ha intensificado su posición justo cuando su ley nacional de inmigración fue rechazada en la Asamblea Nacional, según señalan fuentes de la negociación. Algunas voces indican que el Consejo de la UE, ante las marcadas divergencias entre los Veintisiete, ha recordado a España, país que lidera las conversaciones al ostentar la presidencia del Consejo, sobre el limitado margen de maniobra. Esto complica aún más los esfuerzos por cerrar un pacto que, se espera, impondría condiciones más rigurosas para la acogida de migrantes y solicitantes de asilo.
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El pacto migratorio, compuesto por cinco reglamentos que abordan diversas etapas desde la llegada del solicitante de asilo hasta su acogida o rechazo, ha estado estancado durante años. La Comisión Europea presentó su propuesta en 2020, y solo en octubre pasado el Consejo de la UE logró consensuar una posición común sobre el quinto reglamento, referente a situaciones de crisis, abriendo paso a las negociaciones entre los colegisladores de la UE.
La regulación establece la acogida de quienes solicitan protección, incorporando el concepto de solidaridad flexible pero obligatoria. Además, introduce cuotas de redistribución de solicitantes de asilo entre los estados miembros y la posibilidad de contribuciones económicas o materiales a un fondo común. También establece una nueva arquitectura de acogida en el territorio comunitario y un régimen especial para situaciones de crisis.
La urgencia de cerrar la regulación antes de las elecciones europeas de junio de 2023 se vislumbra sobre la mesa de negociación. De lo contrario, el pacto migratorio podría convertirse en el tema central de la cita electoral. Mientras algunos negociadores creen que la oportunidad es ahora, otros señalan que posponer la resolución solo podría complicar más las perspectivas.
Este episodio marca otro paso hacia posturas más severas sobre migración en Europa desde la presentación de la propuesta de la Comisión en 2020.
Italia, Suecia y Finlandia han experimentado cambios en sus gobiernos hacia discursos más rigurosos. Alemania, a pesar de tener un gobierno de centroizquierda, ha endurecido su posición, y ahora, Francia, sin pasar por las urnas pero con la extrema derecha liderando las encuestas, sigue la misma tendencia.
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En medio de estas tensiones, la posición del Parlamento Europeo, que defiende garantías y el respeto del derecho internacional, se vuelve cada vez más difícil de mantener. Los ministros del Interior, centrados en la seguridad, lideran las negociaciones, buscando enviar un mensaje claro de rechazo a la inmigración irregular y la devolución de migrantes no elegibles a sus países de origen.
La actual negociación con el Parlamento Europeo ha generado otro punto de fricción, relacionado con las reticencias de Francia. Aunque no se centra en puntos específicos, sino más bien en cuestiones fundamentales, este obstáculo se suma a la fragilidad del mandato español para las conversaciones. La complejidad de los equilibrios entre los Veintisiete apenas dejó margen para las negociaciones, y los cambios políticos internos en cada país, como la derrota del gobierno francés en la Asamblea la semana pasada, añaden aún más incertidumbre al proceso.
Los cinco reglamentos en discusión abordan el control y procesamiento de datos de migrantes, el control de las fronteras exteriores, la tutela judicial y los recursos necesarios, la administración de crisis y, el más crucial, la gestión y atención de solicitantes de asilo. Este último reglamento, que implica una redistribución obligatoria y medidas de solidaridad, es central en el pacto, desplazando la responsabilidad desde los países de primera entrada, como España, Italia o Grecia.
La incertidumbre en la negociación y las tensiones políticas internas de los países miembros plantean un desafío significativo para alcanzar un consenso en el pacto migratorio europeo. La complejidad y las divisiones persisten, marcando la gestión de la migración como un tema de gran envergadura en la agenda europea.
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