Sin seguridad, jamás habrá una vigencia real de los derechos humanos y sin respeto a estos derechos, las medidas de seguridad que se adopten no podrán ser aceptables, por autoritarias”, “la violencia no reducirá la violencia”, expresó.
Consideró también que la autonomía universitaria no debe ser pretexto para que las autoridades de procuración de justicia cumplan con el deber que les asiste.
El llamado es de solidaridad con la comunidad universitaria. Aquí hago una exigencia a quienes tienen que prevenir y tienen que perseguir el delito: las procuradurías de Justicia de la Ciudad de México y General de la República. Tiene que haber una articulación entre esas instancias”, expresó.
Consideró que federación-autoridades locales deben hacer uso de los programas de inteligencia y establecer una estrategia para ubicar “dónde se ubica el crimen organizado y, a dónde van para surtirse y después llevarlo (la droga) a los chavos”, pues quién afecta a la UNAM, afecta a México. Antes, durante su discurso, González Pérez invitó a los candidatos presidenciales y de los diversos cargos de elección popular a centrarse en programas e ideas de gobierno en donde el tema fundamental que tiene que evaluar la ciudadanía es identificar quién se compromete en el respeto a los derechos humanos. Además, a otorgar una seguridad ciudadana, a atajar los problemas de desigualdad o pobreza, a la aplicación de la ley sin distingos, sin discrecionalidades. El ombudsman nacional refirió que la coyuntura del país exige un diálogo nacional, a la vez plural, abierto y honesto, que de inmediato ayude a determinar las causas y la naturaleza de la violencia. Tras destacar la urgencia de reconstruir políticas púbicas en materia de seguridad, lamentó que ésta, aunada al miedo y la violencia, hayan tocado espacios en los que “no puede haber cabida ni puede ser aceptada”. Consideró que aquellos gobiernos locales que no cumplan con la profesionalización de los cuerpos de seguridad, se les deben fincar responsabilidades.
A su vez, el rector de la máxima casa de estudios del país, Enrique Graue Wiechers, indicó que en la institución “no los queremos dentro (a presuntos narcomenudistas) y los jóvenes deben entender que son un riesgo el contacto con ellos”.Agradeció la solidaridad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con la institución académica y se pronunció en contra de que se violenten los derechos humanos.
