Fracasan en frenar violencia en Sonora, censuran cobertura periodística

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido claro sobre la seguridad en el país: su gobierno no se acreditará hasta que no resuelva el problema de la violencia que se vive en el país desde hace varios años, cuando se originó la “guerra contra el narco”.

Las críticas contra su estrategia de seguridad se han agudizado en las últimas semanas, incluso parece que la sociedad comienza a cuestionarla tras tres años de operar. La estrategia bautizada como “abrazos y no balazos” no pasa por su mejor momento.

El periodista Raymundo Riva Palacio dio a conocer en su columna “Piden cárcel para periodistas”, que la estrategia ha realizado un giro inesperado. El mandatario, viendo que la violencia aumenta y no tiene el control sobre la seguridad del país, ha decidido poner atención en la forma en la que se comunican los hechos de violencia.

El ensayo ha comenzado en Sonora. Su gobernador, Alfonso Durazo Montaño encontró una fórmula: si la violencia no puede acallarse, hay que silenciar a la prensa.

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El 6 de junio pasado publicó enmiendas al artículo 167 Quater del Código Penal del estado, donde incorpora el Decreto 40, que establece:

“Al que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la Ley audio grabe, comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe imágenes, audios, videos, o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que estos presenten, sea en el lugar de los hechos o en cualquier domicilio público o privado, se le impondrá de cuatro a 10 años de prisión y multa por un importe equivalente de cien a ciento cincuenta veces el calor diario de la unidad de medida y actualización”.

El decretazo contra la prensa en Sonora busca reprimir penalmente a quienes buscan destapar la violencia en la que está sumida la entidad.

Riva Palacio señala que actualmente el Centro Nacional de Inteligencia tiene un abanico de unos tres mil móviles en escucha permanente que incluye a varios columnistas, aunque se desconoce cuántos tienen autorización judicial.

Cabe recordar que la Fiscalía General de la República tiene abierta una investigación contra el columnista Mario Maldonado por difundir un material publicado en YouTube y va contra más comunicadores que desnuden a su titular, Alejandro Gertz Manero.

El decretazo de Durazo ha sido cuestionado por organizaciones como Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras, Comité de Protección de Periodistas de Nueva York y Artículo 19; los cuales señalaron en un comunicado que las modificaciones al Código Penal no cumplen con los objetivos legítimos de reducir la violencia o proteger a las víctimas de esta.

Por el contrario, afirman que se genera un efecto de censura sobre información de relevancia pública, como es la inseguridad. Sin embargo, derogar la enmienda se ve difícil, pues la actual legislatura está casi 3 a 1 de Morena y sus aliados contra la oposición.

Mientras tanto, la violencia en México se incrementa y el número de asesinatos sigue creciendo. DJ

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