Foto: CuartoscuroDesde 2008 la ley obliga a todos las prisiones del país a usar inhibidores de señal de celular y tenían tres años para lograrlo, pero no cumplieron. A pesar de que en el gobierno federal canalizó más de 71 mil mdp para la compra de tecnología, hasta 2016 sólo una quinta parte de los presidios reportó tener los equipos
Juan Carlos Rodríguez
“@RafaMorenoValle ya agrégame en Facebook”, tuiteó en octubre pasado un usuario llamado Cayaco Infante, quien tenía deseos de interactuar en redes sociales con el entonces gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.
El comentario hubiera pasado inadvertido de no ser porque se trataba de un reo que, desde el interior del penal de San Miguel, en la capital poblana, puso en evidencia que el uso de teléfonos celulares en prisión es una realidad. Una práctica tolerada que explica, en buena medida, el incremento de las extorsiones en el país; así como la operación de organizaciones criminales desde las cárceles.
Eulalio Flores Infante, apodado El Michoacano, escribió en Twitter que el director del penal y un comandante presuntamente le pidieron dinero para financiar la campaña presidencial del gobernador poblano. Y por si alguien dudaba de que es posible usar un teléfono inteligente desde la celda, agregó: “@RafaMorenoValle te mando mi ubicación para que no creas que es mamada…”
›El episodio de El Michoacano confirmó las denuncias de organizaciones civiles, en cuanto a que los gobiernos estatales y municipales han fracasado en la instalación de inhibidores de señal de celulares, lo que ha causado que las cárceles se conviertan en call centers, ya sea porque los aparatos están mal colocados, porque la población carcelaria tiene el control o por desvío de los recursos públicos.
Desde 2008, año en que se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad —aquel que se convocó tras la ola de indignación desatada por el secuestro y asesinato de Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí—, los gobiernos federal y estatales se comprometieron a instalar bloqueadores de señal de celular para frenar llamadas extorsivas desde los centros de reclusión.
En estos nueve años, el gobierno federal canalizó a las entidades federativas 71 mil 857 millones de pesos, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), instrumento que los gobiernos locales deben aplicar para infraestructura, actualizar su equipo o adquirir tecnología. Dentro de este catálogo de insumos están los inhibidores es de señal de teléfonos celulares.
Datos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), dependiente de la Secretaría de Gobernación, refieren que de los 17 penales federales que hay en el país, 15 cuentan ya con equipos que imposibilitan la comunicación celular.
El problema más grave está en las cárceles que dependen de los gobiernos locales, pues según la CNS, de los 401 penales estatales y municipales que existen en el país, sólo 79 tienen sistemas para bloquear la entrada y salida de llamadas de celular.
Esto viola el artículo 31 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, el cual señala que una de las funciones de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario es “formular los lineamientos para que la federación y las entidades federativas cumplan, en el ámbito de sus competencias, con la obligación de adquirir, instalar y mantener en operación equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de voz, datos o imagen en el perímetro de centros de readaptación social”.
Esos equipos, agrega la fracción VIII del mencionado artículo, “serán operados por autoridades distintas a las de los establecimientos penitenciarios en centros remotos, contarán con sistemas automáticos que envíen señales de alarma ante cualquier interrupción en su funcionalidad y serán monitoreados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la colaboración de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones”.
Negligencia
Catalina Aguilar, secretaria ejecutiva del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, uno de los organismos de la sociedad civil que más ha presionado al Senado de la República para que exija a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario cumplir con la obligatoriedad de los inhibidores, sostiene que los equipos no sólo son insuficientes, sino que se están colocando de manera incorrecta, pues en muchos casos se localizan dentro de los penales, cuando lo indicado es que estén fuera del alcance de los reos. En cuanto el gobierno federal controle los inhibidores de celulares, dijo, disminuirán las extorsiones telefónicas que se perpetran y organizan desde el interior de los reclusorios. Agregó que esta medida inhibirá los actos de corrupción por parte del personal penitenciario y será posible monitorear, identificar y desmantelar a la delincuencia organizada en las cárceles.
Según datos del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, un centro penitenciario requiere de al menos 2.3 millones de pesos para instalar 15 equipos de bloqueo, cantidad recomendada por los especialistas en seguridad para encapsular adecuadamente un penal.
Si esta cantidad se multiplica por los 322 centros de reclusión que aún no han instalado los equipos de inhibición, resulta que bastaría con invertir 740.6 millones para resolver el problema. Esa suma es equivalente al 10.5% de los siete mil millones de pesos que este 2017 se autorizó a los estados por concepto del FASP.
“Dinero hay, sólo falta voluntad para combatir la extorsión”, sostiene el Consejo Ciudadano, que estima que la mitad de las extorsiones en el país son cometidas por algún delincuente que duerme en alguna cárcel.
Cifra negra
En la última edición de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad (Envipe), publicada en septiembre de 2016, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) informó que, después del robo o asalto en la calle o transporte público, la extorsión es el segundo delito más frecuente, pues representa 24.2% del total de los delitos ocurridos”.
De los 29.3 millones de delitos cometidos en 2015, un total de 8.2 millones fueron atracos y 7.1 millones fueron extorsiones, por lo que, de acuerdo con los cálculos del Consejo Ciudadano, desde las prisiones se cometen 3.5 millones de actos extorsivos.
›En 23 estados de la República, la extorsión es el delito que más se comete, con excepción de Ciudad de México, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Puebla y Tabasco (donde el ilícito más recurrente es el robo en la calle o en el transporte público), y de Baja California Sur y Aguascalientes, donde predomina el robo de vehículos.
La extorsión, de acuerdo con los datos del Inegi, es el ilícito con la mayor “cifra negra”, es decir, es el que menos se denuncia por los ciudadanos: apenas el 1.6% de los casos llega a oídos de la autoridad. En segundo lugar, se ubica el asalto en la calle (sólo se denuncia el 4.2% de los casos) y robo parcial de vehículo (5.4%).
Hay entidades donde la cifra negra de extorsiones, muchas de las cuales fueron perpetradas por reclusos, casi se aproxima al 100%, tal es el caso de Guerrero (99.6%), Tamaulipas (99.5), Zacatecas (99.4), Estado de México, Coahuila y Chihuahua (99.3).
Si no se han colocado estos equipos, sostiene la organización poblana, es porque los recursos del FASP se están invirtiendo mal. Tan sólo en 2014, la Federación canalizó 451 millones de pesos para la instalación de dichos equipos, lo que, de haber sido bien invertidos, sería suficiente para que, después de siete años, todos los penales contaran con protección contra las llamadas de los reclusos.
Pero también existen casos de corrupción. En Michoacán, por ejemplo, en 2015 se destinaron 15 millones de pesos para la compra e instalación de inhibidores; no obstante, la Auditoría Superior de la Federación informó que no tiene evidencia de que se hayan adquirido, por lo que teme que se hayan desviado con otros fines.
En Veracruz, durante el penúltimo año del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, se canalizaron 13 millones de pesos para bloquear señales en los penales. Al final, los equipos no fueron adquiridos y el gobierno estatal no ha logrado documentar a dónde fueron a parar los recursos.
Miroslava Ortiz, investigadora de la organización Causa en Común, afirmó que existe un desinterés institucional por vigilar la instalación de inhibidores y, con ello, las autoridades muestran un desdén hacia los ciudadanos que sufren días con día las extorsiones desde las prisiones.
Expuso que desde 2011, plazo fijado en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, se debieron instalar los bloqueadores en todos los penales del país; sin embargo, los gobernadores han fallado no sólo en controlar el ingreso de teléfonos a las prisiones, sino en dotarse de tecnología para evitar su uso criminal.
Autogobierno
Para Bernardo Gómez del Campo, experto en capacitación policial y estrategias para el combate a la delincuencia organizada, la instalación de tecnología en penales es inútil porque la mayoría de los centros de reclusión son controlados por el crimen.
“Históricamente ha habido un doble gobierno en las cárceles mexicanas. Está el gobierno formal, que es el que todos conocemos, y está el famoso autogobierno que liderean los grupos, generalmente de delincuencia organizada, que están operando dentro de los reclusorios.
“Cuando una autoridad llega a un reclusorio y quiere poner orden, aunque venga bien intencionado, lo que genera es un colapso en ese autogobierno.
“Lo primero que hace el liderazgo de la prisión es mandar el mensaje, al principio de apoyo a la administración del penal, con todas las prebendas que ello significa; pero después, en caso de una negativa, viene una amenaza y, en caso de seguirse negando, pueden venir motines y ejecutados, y es cuando la gente que administra el penal decide irse u opta por bajar las manos”.
Gómez del Campo, quien preside la organización Misiones Regionales, especializada en entrenamiento e investigación policial, sostiene que para cada acción tecnológica hay una contramedida para inhibirla, por lo que es ocioso gastar en bloqueadores de teléfonos celulares, pues siempre hay maneras de hacerlos inútiles.
La fórmula, opinó el experto, es aplicar un verdadero sistema de reinserción social, que incluye trabajo, estudio y deporte para los reclusos. “Pero como los programas son opcionales, casi nadie trabaja, casi nadie estudia y casi nadie hace deporte, por lo que viene esa gran cantidad de ocio y se crea la oportunidad y la necesidad de cometer delitos desde el interior. En este contexto, el delito más rentable, barato y sencillo es el de la extorsión”.
“En las cárceles casi nadie trabaja, casi nadie estudia y casi nadie hace deporte; hay gran cantidad de ocio y se crea la oportunidad de delinquir. El delito más rentable, barato y sencillo es el de la extorsión.” Bernardo Gómez del Campo, experto
