El próximo martes inicia el primer periodo ordinario de sesiones del 2020, justo unos cuantos días previos a que el Fiscal General de la República cumpla su primer aniversario en el puesto, sin cumplir con lo mandatado en la ley que dio vida a la “autónoma” Fiscalía General de la República.
Las expectativas que muchos teníamos de que el Fiscal Gertz, tendría un ejemplar desempeño, día con día se han atenuado, ya que la transición está muy lejos de tener claridad y mejores perfiles, pues la mayoría de los altos mandos siguen siendo herencia de la anterior administración, las investigaciones importantes siguen sin dar resultados. El consejo ciudadano, simplemente no existe, y al parecer solo para lo que conviene se hace valer la autonomía del jefe de los ministerios públicos de la federación.
Resulta preocupante, que para distraer la evaluación del primer año de trabajo de la Fiscalía y su titular, se hayan puesto a consideración una serie de proyectos de reformas legales al sistema de justicia penal, que indican contradicciones en el avance de derechos y principios que deben de regir el sistema de justicia penal, ejemplo de ello es promover un código penal nacional único, sin considerar los fenómenos crímenes a nivel local, lo cual se da de forma diferenciada en un país como México, quizá lo idóneo es plantear bases y principios del derecho penal sustantivo con parámetros nacionales y locales, es algo que se debe discutir mucho ya que de lo contrario, se va a dejar en libertad y sin control a muchas personas por delitos locales, si dejan de ser considerados delitos en el código penal nacional único.
Otro ejemplo de retroceso es lo que ocurre con el principio de presunción de inocencia y establecer como técnica de investigación el arraigo, sin excepción. De igual forma se daría marcha atrás con el tema de ilícitos vinculados con los derechos de la libre manifestación y expresión.
En las comparecencias matutinas ante los medios, el presidente López Obrador, ha dicho que él no va a promover reforma alguna que vaya en contra de los Derechos Humanos y las libertades; sin embargo, no hay que perder de vista que quien las está promoviendo es el “autónomo” Fiscal de la República. No el presidente y este no es quien necesariamente las vaya a parar, o modificar, eso le corresponde a sus legisladores. Es lo bueno y lo malo de tener una hegemonía política y partidista como hasta antes de los años 90’s.
De forma y de fondo, resulta preocupante, que el simple hecho de que se esté pensando en argumentar favorablemente en estos proyectos y que la “oposición política” sea una nulidad, que la sociedad civil tampoco sea un contrapeso, entonces solo queda asumir que las reformas legales sean de la 4T para bien o para mal, si es lo correcto, en la implementación y los resultados.
Destruir algo se hará en un par de plumazos, sin embargo, los resultados no van a esperar más de tres años, cómo hasta ahora. Ya que el sistema de justicia penal adversaria cuenta con esa antigüedad en su operación, sin estarlo al cien por ciento. Y ya fue juzgado, al menos por el actual Fiscal General de la República.
Entonces, el Fiscal General de la República de la 4T deberá de dar muchos y mejores resultados en los próximos tres años, con sus reformas, sin embargo, las reformas no plantean estrategia de implementación, evaluación y rendición de cuentas, lo que se traducirá en ser igual de inoperante, que hasta ahora. Ya que quien las ejecute serán quienes en el pasado y presente toman las mismas decisiones.
La tarea de todos, es buscar que las cosas mejoren y creo que sí las opciones no contemplan capacitar y equipar adecuadamente a los policías, cambiaremos para seguir igual o quizá hasta peor. Estas son cosas de forma que hacen fondo.
