Lo reportado en los medios de comunicación y redes sociales en días pasados sobre lo ocurrido en Salvatierra, Guanajuato, merece muchos calificativos, siendo el menos grave que fue una situación trágica. Era una fiesta de jóvenes, una posada en una hacienda entre amigos.
Las autoridades afirman que el fallecimiento de 14 jóvenes se debió a que algunas personas desconocidas fueron expulsadas de la fiesta por los organizadores; más tarde regresaron con sujetos armados, abriendo fuego indiscriminadamente.
Lo anterior no puede causar más que indignación. Mi pésame se dirige a las familias de estas personas que perdieron la vida, así como a los habitantes de Salvatierra, Guanajuato. En un lugar pequeño como este, donde todos se conocen, además de la tristeza e indignación, surge una reacción colectiva ante los fenómenos de la delincuencia organizada, como el cambio en los horarios para realizar actividades en la calle, lo que indirectamente impone un toque de queda.
En una entrevista, el alcalde mencionó que se están llevando a cabo esfuerzos conjuntos con la fiscalía del Estado, la secretaría de Seguridad y cualquier otra entidad necesaria. Sin embargo, Guanajuato ha sido un Estado abandonado en materia de seguridad por las autoridades federales. Prueba de ello es que los delitos de mayor impacto están relacionados con su competencia, como el robo de autotransporte en carreteras, robo de hidrocarburos, homicidios dolosos con uso de armas de fuego exclusivas de las fuerzas armadas, secuestros y extorsiones vinculadas a la delincuencia organizada. Se sabe que al menos tres organizaciones criminales, como “Los marros (Santa Rosa de Lima)”, el Cartel de Jalisco Nueva Generación y grupos de Michoacán, tienen presencia, además de la delincuencia común. Esto significa que la población está a merced de la delincuencia, viviendo con mucha inseguridad y desconfianza al acudir a las autoridades en busca de verdad y justicia.
Como consecuencia de eventos como este, hubo marchas en las calles de Salvatierra, Guanajuato, donde la ciudadanía exigió paz y justicia para los 14 jóvenes, sus familiares y la población en general. Este evento, junto con la desaparición y posterior hallazgo de los cuerpos de cinco estudiantes de medicina en el poblado de Crespo, Celaya, Guanajuato, ha suscitado muchas reflexiones personales. Aunque soy de Querétaro, mi abuelo paterno vivió muchos años en este lugar, y guardo buenos recuerdos de visitarlo. Era un lugar tranquilo, donde podíamos jugar y andar en bicicleta. Ahora sé que todo el Estado está infiltrado por varios grupos delictivos, haciendo prácticamente imposible visitar a mis familiares sin el riesgo de asaltos o secuestros, según me informan mis familiares y el INEGI, que califica a varias ciudades de Guanajuato como las más peligrosas del país.
En cuanto a forma y contenido, lo que sucede en Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, Colima, algunas zonas de Guerrero, Morelos, Estado de México y Jalisco es un problema de inseguridad asociado a fenómenos de gobierno paralelo, donde la delincuencia se ha organizado y se beneficia de los espacios vacíos del poder público e impunidad. ¿Cuál sería la solución entonces? Reconocer, en términos reales y jurídicos, lo que de facto está sucediendo. Si hay un estado de excepción, deberían suspenderse temporalmente los poderes. Como he mencionado anteriormente en este espacio, la Carta Magna, en su artículo 29, establece la posibilidad de suspender los poderes, con características de temporalidad y objetivos claros, así como roles específicos para cada autoridad. Aunque no exista legislación secundaria al respecto, debería ser una iniciativa prioritaria para la siguiente legislatura, ya que de lo contrario, seguirán perdiéndose vidas inocentes.
Nota al pie de página:
Acapulco aún no se recupera de Otis y ya está siendo víctima de extorsión. La pregunta obligada en estos casos es quién hace efectivo el Estado Constitucional, Democrático y de Derecho. Quizás cada ciudadano dará la respuesta el día de las elecciones de 2024.
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