En 2008 México tuvo una reforma Constitucional de gran calado, modificó 180 grados el sistema de justicia penal de ser inquisitivo o mixto, es decir, de ser escrito y con respeto a los derechos de los imputados, teniendo también un sistema de valuación de las pruebas en el proceso con una valoración específica. En un inicio cada entidad federativa tenía que hacer todo lo necesario para lograr el cambio a más tardar en el año 2016, ya que la ley tenía un periodo de implementación de 8 años.
La necesidad de hacer un cambio legal e institucional tan grande, que implicaba modificar el andamiaje legal, la visión y misión institucional, la capacitación de los operadores y sobre todo que las nuevas generaciones de abogados ya estén preparadas en los nuevos paradigmas del sistema de justicia penal adversarial (SJPA).
Es importante analizar los beneficios que el SJPA ha tenido a la luz de algunas modificaciones como lo fue la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), y los principios que rigen el proceso penal adversarial, como lo son:
- Publicidad;
- Contradicción;
- Concentración;
- Continuidad e
- Inmediación.
Aunado a lo anterior, la adversalidad, permite que, en todas las etapas del proceso penal, puedan las partes (víctima y/o ofendido e imputado) ofrecer todo tipo de pruebas que busquen acreditar al juez, en el caso del Ministerio Público, más allá de una duda razonable y, en el caso de la víctima con su asesor jurídico, la reparación integral del daño y, en el caso de la defensa, la no responsabilidad y culpabilidad del imputado.
Otro beneficio del SJPA implica que las partes pueden considerar si deben o no someterse a todo el proceso de inicio a fin ya que puede ser desgastante, respecto del tiempo del proceso completo y el pago de la reparación del daño; es por ello que se permite la solución alterna a las controversias y la conclusión anticipada del proyecto.
De forma y fondo, considero que el análisis y la evaluación de la implementación a nivel federal y por entidad federativa debe ser algo urgente, ya que en lo particular estoy segura de que el mayor reto a vencer a 5 años de la conclusión de la vacatio legis de la reforma constitucional, es que no se ha logrado ciudadanizar el SJPA. Requerimos incrementar la cultura de la legalidad para fortalecer el Estado Constitucional Democrático y de Derecho y todas y cada una de las instituciones que participan en el SJPA.
Parte de los beneficios aún no se explotan, sobre todo por el desconocimiento de la población del proceso penal adversarial y sus posibles salidas. Si las autoridades escucháramos más a las víctimas todos los operadores seríamos promotores de la justicia restaurativa, de las salidas alternas, de la mediación, de los procedimientos abreviados, acuerdos reparatorios, etc.
Debemos de cambiar la formación de los operadores, ya que se tiene la falsa idea de que si duran más los procesos, se cobran más honorarios y también se tiene la falsa apreciación de que si el delincuente no está en la cárcel no hay readaptación social.
Nota al pie de página:
Descansen en Paz el ministro en Retiro, Agustín Téllez Cruces, y el gran jurista mexicano que puso el nombre de México en alto cuando fue Juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, que además fue un formador de muchos abogados en la Máxima Casa de Estudios de México. Fortaleció el Estado de Derecho en el país en su actuar, así como las instituciones en las que se desempeñó como un extraordinario servidor público.
