En días pasados, tuvimos la lamentable noticia de que en Ciudad Juárez, Chihuahua, en una estación migratoria a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM), un grupo de migrantes de distintas nacionalidades que aparentemente se amotinaban prendiendo fuego a varias colchonetas, al enterarse de que en breve serían deportados. La consecuencia fue la muerte de 40 migrantes y 28 heridos (1 colombiano, 1 ecuatoriano, 12 salvadoreños, 28 guatemaltecos, 13 hondureños y 12 venezolanos).
Desde el inicio de esta administración, la relación binacional entre México y el país vecino del Norte, ha estado marcada de un sin número, de condicionantes como:
• La construcción del muro fronterizo del expresidente Donald Trump
• El cierre de fronteras por Covid-19.
• El incremento de aranceles a nuestras exportaciones.
• El convertirnos en un país tercero receptor de migrantes en proceso de ingresar a los Estados Unidos.
• Y a últimas fechas la aceptación de la deportación de 30,000 migrantes en condiciones de espera para los trámites ante las autoridades migratorias homólogas del país vecino.
Sin duda, México es un país de tránsito para las migraciones del sur al norte; también es generador de migraciones locales hacia el país vecino, y es destino alternativo por falta de posibilidades para llegar a Estados Unidos.
Los fenómenos migratorios, no son nada nuevo ya que históricamente hemos tenido incluso programas como el programa bracero en apoyo de los jornaleros mexicanos que acudían a trabajar el campo en las temporadas de la pizca en California y en otros estados de la frontera.
En el contexto de los derechos humanos, la migración es universal, la historia de la humanidad nos revela que la migración ha sido incluso un mecanismo de subsistencia --no es tan diferente como lo cita el libro del éxodo del antiguo testamento de la Biblia, a lo que ocurre hoy por hoy en algunos países en los que no se cuenta con un modus vivendi adecuado--, por los diferentes tipos de violencia y la presencia de la delincuencia organizada, con estados fallidos, con regímenes dictatoriales, con carencias en materia económica y alimentaria como lo son algunos países de Centro y Sudamérica.
La historia del sueño americano, en el caso de los migrantes que por necesidad tienen que transitar por México y estar albergados en una estación migratoria para cumplir con los requisitos que el país vecino del norte les ha y nos ha impuesto, ha traído un sin número de problemas para la ciudades receptoras de estos 30 mil migrantes al mes. Sin duda una de ellas es Ciudad Juárez, Chihuahua, la cual ya de suyo tiene una problemática añeja, con la presencia de grupos de la delincuencia organizada, las violencias de género, la falta de logística e infraestructura para dar cabida de manera ordenada y adecuada a los migrantes.
Aunado a todo lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 15 días previos al motín, tuvo a bien resolver que los migrantes no pueden estar sujetos a un sistema similar al de la reclusión por delincuencia organizada, pues resulta inconstitucional que se les coarte la libertad de tránsito y se les dé un maltrato en las estaciones migratorias, con espacios que están con rejas y candados. La tragedia en Juárez acredita con creces el sentido de la resolución de la SCJN y nos coloca, en el marco de los Derechos Humanos, como un país con la peor reputación en el tema; eso sin soslayar el hecho de que al frente ante los medios quienes dan la cara son dos funcionarias y no los titulares de las Secretarías responsables del tema.
De forma y fondo, la lección y reflexión de este triste y funesto episodio en la vida institucional de México en el tema migratorio, nos debe de llevar a buscar quiénes fueron los responsables de tomar la decisión de albergar a 30 mil migrantes al mes en nuestro país, con independencia de los que estuvieron en el lugar y sobre todo si la carga de estos fenómenos migratorios debe recaer en las ciudades fronterizas, que lamentablemente carecen en su mayoría de capacidad estructural e institucional.
Quizá valga la pena y en el marco de la indignación que el caso ha generado, para atender si realmente podemos decirle al mundo “vengan aquí somos un país fraterno sin condiciones y gestionamos visas humanitarias”; o desde la indignación buscamos hacer las reformas legales y ejecución de las mismas a través de protocolos con estándar internacional y por último; pero no menos importante hacer una investigación objetiva apegada a derecho, separando del encargo al titular de el INM que depende de la Secretaría de Gobernación, y quienes resulten responsables, así como a quienes promovieron los acuerdos y convenios binacionales desde la Cancillería.
Nota al pie de página:
Felicitaciones a las y los nuevos integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE), aunque lamentable el método de su elección a través de una Tómbola, aunque la vida sea una tómbola, dice la canción…
