El año está por concluir, sobre todo para el periodo ordinario del Poder Legislativo federal que en esta semana deberán de nombrar a la ministra que ocupe el lugar 11 del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante la salida del ministro Arturo Zaldívar que dejó el espacio ya hace un mes. Los retos por venir en la SCJN tienen mucho que ver con la reforma al Poder Judicial Federal, quizá con jueces, magistrados e incluso ministros especializados o subespecializados en materia de violencia de género, en sistema penal adversarial, en violaciones a derechos humanos, entre otras ramas del derecho por citar un ejemplo, y que va más allá de las dos salas que ahora conforman el Poder Judicial de la Federación.
La misma suerte al parecer no correrán los dos magistrados que deben ocupar las vacancias en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y que el Senado de la República debió asignar desde el 31 de octubre de 2023. Sería muy grave que las grillas internas de descalificación de sus presidentes y la falta de dos miembros pongan en riesgo la validación de la elección de 2024, pues es la última instancia electoral que puede hacer una revisión voto por voto, de ser el caso, y declarar quién ganó o no una elección. De ahí que cabe la posibilidad que el exministro Arturo Zaldívar tenga la encomienda de preparar a los nuevos diputados en 2024 que se erijan en colegio electoral.
Otra historia similar a la anterior ocurre con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que es el organismo constitucional autónomo garante de cumplir con dos derechos humanos: el acceso a la información pública y el de protección de datos personales; que incluso dejó de sesionar por solo contar con cuatro de sus comisionados. El organismo tuvo que acudir al amparo, ya que por ley se establece que para sesionar se requiere de al menos cinco comisionados, pero como la ausencia del quórum es con motivo de la omisión del Senado en la designación, la SCJN autorizó que se sesione. El 10 de diciembre de 2023 se hizo la elección del nuevo comisionado presidente del INAI, con voto de calidad de la comisionada ahora expresidente, quedando Adrián Alcalá del 2023-2026. El problema de fondo es que el Senado hizo una designación de dos de los comisionados faltantes y hubo veto de bolsillo del titular del Poder Ejecutivo Federal, quien no publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los mismos. Hay quien se amparó por ello, pero la SCJN aún no resuelve. El INAI está incompleto desde el primer trimestre del 2023 y como lo ordenó la SCJN al Senado, la dilación de los tres nombramientos de los comisionados faltantes no tiene justificación; el Senado de la República está en desacato, lo cual podría ser interpretado como un delito en términos de la ley de amparo..
Los tres nombramientos antes referidos tienen que ver con instituciones constitucionales que integran la administración pública federal, garantes con el ejercicio de derechos fundamentales que dan pie a que México sea un Estado Constitucional, Democrático y de Derecho; sin embargo, como lo he dicho en este espacio en otras ocasiones, las personas que integren las instituciones requieren tener un perfil definido con capacidades así como cualidades para ocupar los cargos, además de contar con una votación calificada del Senado de la República (2/3 partes) para que las designaciones sean constitucionales.
De forma y fondo lo antes descrito solo refleja que, tanto el Senado de la República como la SCJN han estado administrando políticamente el Estado de derecho. Ni el Senado cumple con la ley ni la SCJN los ha hecho cumplir con la misma y esta omisión también es en perjuicio del Estado de derecho y no solo ocurre con el tema de las designaciones, también ha ocurrido con no emitir la legislación en materia de legalización de la mariguana.
Esta situación será la herencia del 2023 al 2024, salvo que ocurra el milagro de la Navidad y los senadores se tomen en serio el trabajo para el cual los contratamos, y analicen que si quieren ser reelectos en el 2024, pues son los primeros que pueden acceder a este derecho político. Los ciudadanos, el día de la elección, debemos tomar esto en consideración y emitir un voto razonado, que es lo que puede salvar el Estado de derecho en nuestro país. Ya que todos debemos ser garantes del respeto a la ley, sus plazos, procesos, términos y acatar las decisiones de la SCJN, lo cual evidentemente no ha ocurrido.
El Poder Legislativo Federal, nunca como ahora, no ha generado iniciativas actuales y novedosas, hay muchos temas pendientes, por ejemplo, calidad educativa. Ya estamos cada vez más devaluados a nivel mundial con la prueba de referencia conocida como PISA, hay pendientes también en ciberseguridad, inteligencia artificial, uso de drones, etc. Deseo que nuestro país cuente con los mejores instrumentos legislativos y sobre todo que sean de fácil aplicación por el bien de todos, la realidad ha superado por mucho el marco legal que ahora tenemos. Y los legisladores están en deuda.
Nota al pie de página:
El 10 de diciembre es el día internacional de los derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama a proteger la independencia judicial y la democracia; nos cayó como anillo al dedo.
