En el año 2004, cuando ingresé a la Procuraduría General de la República (PGR), algunos compañeros de trabajo tenían en la institución ya más de 15 años, ellos se asumían de la “vieja guardia” y nos decían que con el cambio de administración en el 2000 se hizo una re-ingeniería institucional ya que se tuvieron que adaptar a la especialización de las subprocuradurías, al cambio de ley orgánica, reglamento, servicio civil de carrera y la incursión en la evaluación del desempeño a través del ISO. La frase por excelencia en las pláticas era hay que renovarse o morir en el intento. Ya que en la entonces administración del presidente Fox había incrementado los sueldos y prestaciones de los servidores públicos federales, analizando a la distancia el tema es que se había realizado un diagnóstico de la institución desde la administración del presidente Zedillo a través del procurador Lozano Gracia.
Por lo vivido y a la distancia, evidentemente, se sabía que algunos funcionarios eran susceptibles de corrupción externa y otros tantos tenían prácticas de corrupción interna, es decir, algunos ministerios públicos vendían las investigaciones al mejor postor, lo que implicaba que la especialización y el servicio de carrera bien llevados implicarían una depuración del personal de la institución. Entonces el cambio democrático del 2000, permitía cambiar la imagen de la PGR y el cambio de timón con la disciplina que imponía la designación de Procurador General de la República a un militar, que se hizo acompañar por algunos otros mandos también de extracción de las fuerzas armadas, ayudaría a tener controlados los cambios y a que se cumplieran los tiempos en los que se había propuesto la administración a que ocurrieran.
En el 2004, varios Estados del país incursionaron con el siguiente cambio paradigmático en materia penal, esto auspiciado por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, a fin de cumplir con los compromisos tanto del Tratado de libre comercio como con la Organización de Estados Americanos, de tener un sistema penal de acusatorio adversarial, conocido más como de juicios orales.
En 2008, los compromisos se hicieron una realidad más palpable con la reforma constitucional de mayor calado en materia procesal pena, la cual estableció como plazo para tener la operación integral a nivel nacional en los tres niveles de gobierno en el año 2016. El recuento de los años y de los daños, es para que tengamos en perspectiva que el actual Fiscal General de la República y la mayoría de su staff ya eran operadores del sistema de justicia penal. Y cualquiera pudiera pensar, como en lo particular ocurrió que sus resultados serían palpables en breve tiempo, ya que no eran improvisados en la materia… otro día hablamos del tremendo chasco que nos hemos llevado … Los que en el 2004, éramos novatos ahora somos los que podemos decir, que en el sistema de justicia penal adversarial hay que innovarse o morir en el intento, con muchas diferencias en el planteamientos, entre ellas:
Los servidores públicos federales, ganan menos y tienen más riesgos.
Los procesos de reclutamiento de agentes del ministerio público de la federación esta suspendido por temas de “austeridad”, seguimos cuidando los centavos y perdiendo los pesos.
Los procesos de ascenso y el servicio civil de carrera son una nulidad.
El número de policías federales ministeriales es casi del 40% menos en la actualidad que en el 2004; a que los de carrera son sustituidos por de designación sin, ton, ni son.
La mayoría de los mandos ministeriales y policiales ministeriales no son de carrera, ni conocen el nuevo sistema de justicia penal.
No se cumplen con los plazos legales para el diseño institucional desde que son Fiscalía General de la República (FGR), se piensa que la especialización no sirve y no se tiene un diagnóstico de causa, problemas, soluciones, tiempos y costos.
Mantengo amistad y contacto con muchas personas muy institucionales, que se aterran de ver en lo que se está convirtiendo la FGR, todo es para mal, las posibles ventajas de la autonomía de la Fiscalía General de la República de nada sirven, si a la luz de una técnica de investigación mal ejecutada y puesta en evidencia por un medio de comunicación el 17 de abril de 2020, el titular de la Coordinación de Métodos y Técnicas de Investigación que de policía investigador ministerial federal, tiene lo que yo de astronauta, refiere que un “Cateo” marca “Saqueo” es un delito del fuero común y esta siendo investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y él copera con poner a 4 policías federales ministeriales a disposición de esa autoridad del fuero común. La ignorancia, omisión, negligencia, etc., a estos niveles, en mi pueblo le llamamos corrupción.
De forma y fondo, debemos de aprender a conocer la historia institucional, cambiar lo malo, aplicar internamente la ley
y la disciplina, dejar de repetir los errores, por ejemplo, nombrar políticos en áreas técnicas, la falta de profesionalización y seguimiento de los buenos funcionarios, habemos servidores públicos institucionales, que como diría una exjefa: “he visto pasar, malos, estos y peores, más los que nos faltan por conocer”, hay personal muy valioso y desperdiciado, pero se necesita querer hacer las cosas, valor y reconocimiento con nivel de autocrítica para plantear la realidad institucional. En tiempos de pandemia los resultados en términos de impunidad e imagen institucional la FGR está por los suelos, decir, por enésima vez nos dicen:
“…qué hay que limpiar la policía o la casa”, no es más que demagogia barata, y muy por el contrario de mejorar, lastima a los servidores que tienen vocación y amor a la institución que son la mayoría. Ya que como dirían los que saben, garrote sin zanahoria, no es ejercer liderazgo. Sin perder de vista que ya está en el caño la legitimidad de haber sido el primer titular de una “nueva institución constitucional y presupuestalmente autónoma” y en el primer gobierno de izquierda.
