Desde que fue designado Alejandro Gertz Manero por el titular del Poder Ejecutivo Federal, para recepcionar el 1 de diciembre de 2018 la Procuraduría General de la República, se tuvo la expectativa de qué sería una transición institucional estratégica y de mejora tanto al interior de la institución como el exterior para la ciudadanía, respecto de tener personal calificado y especializado al servicio del país.
La evaluación de las acciones emprendidas por el actual titular de la Fiscalía General de la República (FGR) arroja datos poco alentadores, sino es que decepcionantes. Entre los puntos más simbólicos y de mayor notoriedad, está el hecho de haber implementado el sistema de justicia penal adversarial sin previa capacitación transversal; lo más notorio es respecto de peritos y policías federales ministeriales.
Por otro lado, mantuvo la inconstitucionalidad del artículo 123, respecto del párrafo en que dice que los funcionarios en materia de procuración de justicia, si son despedidos, en caso de demostrar ante los tribunales que fue de forma incorrecta o indebida, sólo pueden aspirar a que sean indemnizados.
Lo antes referido ha sido la causa por la cual entonces se ha empeñado en dejar de tener servicio civil de carrera, por un lado, es inconstitucional a pesar de estar estipulado lo antes referido en la Carta Magna y por otro es sin recursos; quien quiera ser indemnizado de cualquier forma pierde, pues tiene que pelear, previo el pago de un abogado. Y cómo lo han hecho de manera “extraordinaria a través de retiros voluntarios” mal calculados.
De forma y fondo, pensar que una institución como la FGR, hoy por hoy no tiene ya personal especializado que investigue y que no se han contratado reemplazos en la misma proporción de los retirados voluntariamente, es la explicación de la falta de resultados.
La última publicación del plan de “retiro voluntario” para los integrantes de la corporación de la Policía Federal Ministerial hace unas cuentas que no permiten tener claridad en el cálculo de la supuesta indemnización por los años de servicio. Pareciera que la intención es que todos los policías experimentados con más de 15 años en la institución salgan sin ninguna opción de reclamo, sin la claridad de la regla de indemnización, si la posibilidad de obtener otro empleo similar por la edad de la mayoría de los elementos que oscila entre los 40 y los 55 años de edad.
Varios elementos han referido que no quieren policías viejos, no quieren capacitar y están orillando a que todos se retiren; sintiendo que el que retire paga por ello a la institución. Para hacer el retiro hay un monto fijo sin la claridad del cálculo indemnizatorio y sin la posibilidad de hacer una revisión y negociación con la institución y tampoco tienen la opción de interponer ningún recurso. En caso de no estar de acuerdo, el personal es tachado de “rebelde” y si la intención es que se vayan, entonces van al centro de control evaluación de confianza o se van con unos cuantos pesos, dejando de lado la profesionalización policial, y de la misión de servicio o proyecto de vida ya ni hablamos.
En otros espacios similares he sido muy insistente en que los legisladores deben de establecer una agenda de Estado. Esto en razón de la necesidad de evitar el costo ciudadano en un sentido negativo respecto de la ocurrencia del diseño institucional en materia de seguridad y justicia; los experimentos en la transición de Procuraduría a la Fiscalía General de la República, así como la creación de la Guardia Nacional previa la desaparición de la policía Federal han sido costosas, poco estratégicas y sin éxito probado hasta la fecha.
Nota al pie de página:
Este fin de semana tuvimos noticia de lamentables hechos en la franja de Gaza, y el bombardeo a Israel, así como la toma de rehenes por el grupo Hamás. Deseo paz para esta región y que nuestros connacionales que se encuentran como rehenes estén pronto en nuestro país.
