Un Estado constitucional, democrático y de derecho, se construye a través de un sin número de libertades e instituciones sólidas.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, alberga tanto derechos como libertades, con la finalidad de fortalecer, tanto a las personas en su esfera individual como en colectividad. Ejemplo de ello se cuenta con los derechos humanos previstos en el artículo 1º desde el 2011; otros derechos están contemplados, entre ellos, la educación, el trabajo, la propiedad, etcétera. Así también se contemplan libertades como la de asociación, imprenta y, en lo particular, considero la más importante la de expresión, prevista en el artículo 6º.
La libertad de expresión, además de estar contemplada en nuestra Constitución es materia de varios instrumentos internacionales, tanto en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, como de la Organización de Estados Americanos, los cuales cuentan con sus respectivos relatores. México en al menos dos ocasiones ha sido susceptible de visitas conjuntas con varias recomendaciones, las cuales tienen la finalidad de buscar que las personas que ejercen la libertad de expresión, con fines de transmitir información a terceros, tengan condiciones de seguridad garantizada.
Lo que le ocurre a un periodista en la mayoría de las veces es un delito del fuero común. En un país como México, el reto de seguridad para garantizar varias actividades es mayúsculo; pero en materia de agravios a periodistas que van desde un simple “encapsulamiento”, amenazas, daños al equipo, lesiones, robo de equipo, privación ilegal de la libertad, atentados (incendios, bombazos, disparos) y lo peor homicidio, es de un grado de dificultad superior, porque tenemos índices similares a países que viven conflictos bélicos.
En el año 2012, se reformó la Constitución en el artículo 73 fracción XXI, agregando a la federación la facultad de atracción, para investigar hechos como el ocurrido lamentablemente al periodista Ciro Gómez Leyva. Pero en este, cómo en muchos otros temas, la Fiscalía General de la República y la especializada en la materia a nivel federal, no emitieron pronunciamiento alguno.
De forma y fondo, el atentado en contra del periodista, ya sea Ciro Gómez Leyva o cualquier otro, tiene un sinnúmero de significados; entre ellos el más obvio que es censurarlo, callarlo, que se pueda perder una opinión y en consecuencia que la ciudadanía esté menos informada. De ahí que todos deberíamos de indignarnos, pues la libertad de expresión está en riesgo.
Nota al pie de página:
Sin pena ni gloria pasó el último informe de gestión de Arturo Zaldívar como presidente de la SCJN. Y se abren las posibilidades para que por primera vez en la historia sea una mujer la que presida el más alto tribunal del país.
