En días pasados, los medios y las redes sociales dieron cuenta de un evento trágico y con un posible desenlace atroz. Por un lado se reportaba la desaparición de cinco jóvenes que salieron a una feria en Lagos de Moreno, Jalisco, sin que se localizaran indicios para esclarecer su desaparición. Días posteriores, solamente, se tenía la certeza de que estaban privados de su libertad, ya que las familias tenían denunciada la ausencia, sin embargo, en las redes sociales fue difundido un video que daba testimonio de varios hechos delictivos. Por respeto a las familias de estos cinco jóvenes, me limitaré a decir que fue videograbado y difundido un hecho de tortura por demás atroz.
Lo ocurrido en Ayotzinapa resultó trágicamente en el antecedente de un sinnúmero de asuntos relacionados con muchos delitos de desaparición forzada entre particulares. Como modalidad de delincuencia organizada en distintas entidades federativas, Jalisco ha sido un estado en el que hemos tenido diversos casos de desaparición forzada entre particulares. Con poca claridad de las causas, se desaparecen jóvenes de ambos sexos y más tarde se encuentran lastimosamente sin vida. Hace unos meses ocurrió algo similar con cinco jóvenes que trabajaban en un call center, y ahora esto ocurre con cinco jóvenes en Lagos de Moreno.
Como lo he dicho en otras ocasiones en esta columna de opinión, un Estado Constitucional, Democrático de Derecho debe de buscar cumplir de manera eficaz y eficiente con la tarea de brindarle a la ciudadanía seguridad y acceso a la justicia; el deber de cumplir la ley y hacer cumplir la ley es indelegable. Las autoridades de los tres poderes de gobierno en los tres niveles del mismo resultan básicas para el desarrollo y orden de cualquier país. Lamentablemente, los ciudadanos quedan al garete y a su suerte, cuando nadie asume el riesgo y la responsabilidad de que ocurra un evento como el descrito en párrafos previos.
La seguridad es un concepto 100 % vinculado a la percepción ciudadana, sin embargo, eventos como la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco y el incremento de la extorsión, sobre todo en la modalidad del cobro de derecho de piso a lo largo y ancho del país, implican en términos de percepción nulidad de la debida actuación de las autoridades encargadas de la seguridad, prevención de los delitos, procuración y administración de justicia.
El análisis, indignación y reflexión de los eventos antes descritos, permiten buscar una alternativa que pacifique algunas entidades federativas, sin caer en el extremo de dar impunidad a los delincuentes. Hace poco tiempo, las madres buscadoras solicitaron una tregua a los delincuentes, pidiendo que no desaparezcan a sus familiares.
De forma y fondo, la desaparición forzada en cualquier modalidad y la extorsión como cobro de derecho de piso son insostenibles ante los ojos de la ciudadanía, con la indolencia de las autoridades de los tres poderes de gobierno en los tres niveles, federal, estatal y municipal. Un país como México, que tiene el tamaño de un continente, no puede ni debe tolerar los índices de criminalidad en la imposibilidad de los jóvenes a salir, convivir, divertirse sanamente y con ello quizás poner en riesgo su vida. Estos jóvenes serán la generación de mexicanos al grito de paz.
Debemos de trabajar en mejores protocolos de investigación de estos delitos, pero sobre todo la apuesta debe de ser en una mejor educación en valores. El mensaje que los delincuentes dan con la desaparición de personas sin ton ni son, denota que ningún respeto por la vida del otro no valiera nada y una apuesta muy alta a cambio de impunidad. La desaparición al grito de paz de las familias de estos jóvenes jaliscienses es un ya basta y no podemos hacer oídos sordos.
Nota al pie de página: Agarremos aire como ciudadanos. El calendario electoral nos puede aburrir, pues concluirá en el verano del 2024.
