La semana pasada fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (9/sep/2022) el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas de Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.
Sin duda, las reformas obedecen a los procesos fácticos y jurídicos. Es decir, normalmente los fenómenos sociales, y de forma concreta los delictivos para el caso que nos ocupa y merece análisis, van generando las adecuaciones de las leyes. El hecho de que la Guardia Nacional (GN) hubiera sido la solución en materia de seguridad pública, para la presente administración autonombrada Cuarta Transformación (4T) no es producto de una casualidad.
Haciendo un poco de memoria, el tema de la seguridad implicaba la no militarización de la seguridad pública, la cual oficialmente inició en hechos reales desde el periodo declarado como “guerra contra el narcotráfico” en la administración del presidente Calderón; pero las fuerzas armadas han tenido el interés en incursionar en el combate al narcotráfico desde los años 90.
Las formas habían sido un poco más sutiles; pues tenían convenios con la extinta Procuraduría General de la República (PGR). Así también fueron comisionados varios cientos de soldados para formar a la entonces Policía Federal Preventiva (PFP). Con el paso del tiempo, nuestras fuerzas armadas han estado realizando una serie de funciones en torno a la seguridad pública a nivel estatal y federal.
Las reformas y adiciones publicadas hacen cambios de forma y fondo, pues resulta importante saber que a un poco más de veinte años, las fuerzas armadas realizarán actividades de seguridad pública con un toque de seguridad nacional, lo cual es importante para el país, pues los grupos delictivos organizados cada vez son más sofisticados, multifacéticos y peligrosos para la ciudadanía, las instituciones y la autoridad.
El tema será buscar tener una policía federal ministerial más numerosa y especializada, pues con lo que hay no se alcanza a investigar de forma correcta y rápida algún delito federal y formar a los guardias nacionales con una visión policial. Será algo que nos llevará al menos 20 años, pues la mayoría son soldados, de ahí lo importante que es tener una agenda de Estado, pues eso no tendría cambios de acuerdo al partido político en turno, lo que se inició hace más de dos décadas; hasta ahora queda en términos legales pendiendo de un hilo, que es la Constitucionalidad de la ley.
El empatar los fenómenos fácticos y jurídicos sin agenda de Estado no nos ha permitido avanzar como país. De forma y fondo, todo esto ha sido muy costoso y desgastante para todos (instituciones de gobierno y población) y el último oasis para mediar, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no ha sido muy clara con la identidad jurídica e ideológica que resuelve. En ocasiones es liberal, en otras garantista y en otras conservadora, entonces el análisis de la inconstitucionalidad de una ley a cargo de ministros sin posicionamiento ideológico congruente nos puede dejar en una situación muy delicada.
Nota al pie de página:
La SCJN dejó en pausa la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa. Habrá que ver el nuevo proyecto del ministro Luis María Aguilar…
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